Por Erendira Aquino (@ErendiraAquinoA) para Animal Político
 
La noche del 29 de octubre de 2011, Marcela fue golpeada y retenida ilegalmente durante horas por Jorge Ignacio, su expareja, quien la convenció de acudir a su departamento bajo la advertencia de que quería suicidarse, pues no soportaba “vivir sin ella y verla feliz”.

Aunque ella denunció a Jorge Ignacio por el delito de tentativa de feminicidio y privación ilegal de la libertad, pues mientras la golpeaba él le manifestó su intención de asesinarla y la mantuvo cautiva durante horas, él está bajo investigación por el delito de lesiones dolosas que ponen en riesgo la vida, un cargo que le ha permitido llevar su proceso en libertad.

Días antes de la agresión, Marcela y Jorge Ignacio, quien mientras mantuvo una relación con Marcela tuvo episodios de violencia contra ella en múltiples ocasiones, salieron a cenar y él le dijo que se encontraba deprimido. Ella abandonó el lugar luego de que él le reclamó por encontrarse “bien, contenta”.

Aquel 29 de octubre, Jorge Ignacio llamó a Marcela por teléfono y le dijo estar arrepentido por la discusión pasada. Le pidió que fuera a verlo porque quería suicidarse.

Ella acudió a su domicilio en un taxi y le pidió al conductor esperarla mientras verificaba que él no se hubiera causado lesiones; sin embargo, ante las súplicas de su expareja de que se quedara a platicar, ella se despidió del taxista y entró al departamento.

Marcela entró al baño y al salir fue noqueada de un puñetazo en el rostro. Jorge Ignacio la golpeó, la pateó y la estranguló hasta que estuvo convencido de que estaba muerta, pero no fue así, solo se encontraba inconsciente.

Lo único que pudo detener la golpiza que le propinó nuevamente cuando ella recuperó el aliento fue la advertencia de Marcela: si la asesinaba iba a meterse en problemas.

Jorge Ignacio accedió a entregarla con un terapeuta, pero bajo la amenaza de que si lo denunciaba, la buscaría y mataría.

Luego de ser entregada, Marcela fue internada en un hospital donde la atendieron por hematomas múltiples en la cara y cráneo, un esguince cervical grado I, fractura en una costilla izquierda, edema cerebral severo, y una oclusión intestinal.

Un delito “no grave”

Marcela, madre soltera de dos hijos, cuenta que no quería denunciar a Jorge Ignacio, ante el temor de que él tomara represalias en su contra o intentara agredir a su familia.

Su hijo mayor la convenció de acudir a denunciarlo por los delitos de privación ilegal de la libertad, pues la mantuvo cautiva durante horas, tiempo que aprovechó para agredirla en al menos tres ocasiones, y por tentativa de feminicidio, pues él le repitió varias veces que la quería matar.

Por la denuncia de Marcela se abrió la causa penal 201/2012 contra Jorge Ignacio “N”, quien en 2012 se dio a la fuga, por lo que fue incluido en la lista de “Los más Buscados” en la página oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; la policía capitalina  logró detenerlo el 12 de noviembre de 2013, pero puesto en libertad una semana después.

Nora Alicia Martínez, abogada que asesora a Marcela en el caso, advierte que la tipificación del delito como no grave y la negativa de investigación de feminicidio no son las únicas irregularidades en el caso, pues no se acudió al lugar de los hechos de inmediato, lo que permitió la manipulación de la escena, ni se citó a declarar al taxista que acompañó a la víctima, ni al terapeuta que la rescató.

Ante la inconformidad de la víctima por el proceso de investigación contra Jorge Ignacio, a finales de 2013 se giró una segunda orden de aprehensión contra el agresor, quien estuvo prófugo por cuatro años, hasta el pasado 20 de septiembre, cuando fue detenido por policías de la Ciudad de México.

Esta vez el asunto fue turnado con otro juez, Santiago Ávila Negrón, encargado de Juzgado 35, conocido por haber sentenciado a prisión a Yakiri Rubio, víctima de violación que asesinó en defensa propia a su agresor.

Casi un mes después, el 16 de noviembre, Marcela fue notificada de que Jorge Ignacio había sido liberado, bajo el argumento de que sólo era investigado por lesiones dolosas que no ponen en peligro la vida de la víctima, aunque hoy ella vive con una retina desprendida y problemas gastrointestinales por la perforación de intestino que sufrió con los golpes.

Una multa de 50 mil pesos le permitió a Jorge Ignacio llevar su proceso en libertad.

“La impartición de justicia no puede estar a capricho”... Lee la nota completa en Animal Político