El dogmatismo económico que prevaleció hasta 2012, se negó a reconocer que la ausencia de una política industrial y la ineficacia del gasto de Gobierno habían vulnerado los fundamentales productivos de México, por lo que cualquier cambio instrumentado chocaría contra la barrera de una economía maquiladora, de microempresas informales y en donde el gasto de Gobierno Federal no genera valor agregado.

A casi cuatro años de Gobierno, la evaluación que han hecho las agencias calificadoras sobre la evolución de las finanzas públicas y el sistema bancario sirve como punto de arranque para afirmar que los cambios fiscales y financieros no han transformado a México porque no tocan la estructura real de la economía.

En primera instancia se tiene el gasto y deuda pública. 

Standard and Poor’s y Moody’s se han encargado de hacer público algo documentado desde hace 15 años: la debilidad de las finanzas del Gobierno es estructural, aún con los ingresos adicionales que la recaudación tributaria le ha proporcionado.

Se debe ser claro, durante los últimos tres lustros se ha contado con ingresos excedentes a lo presupuestado, el problema no fue la falta de dinero. En realidad la administración pública no da los resultados que se requieren. Antes de darle más dinero se debió aplicar una reforma administrativa profunda, que le dotara de mayor eficacia y transparencia. 

La actual coyuntura permite corroborarlo: el aumento de la captación por impuesto sobre la renta, IVA y gravámenes especiales ha compensado la reducción de la parte petrolera: los ingresos totales del sector público aumentaron a una tasa promedio de 6.7% en los primeros tres años de la administración. Cuando se observa la parte tributaria las cifras son más favorables, una variación positiva promedio de 21.7%. Durante el primer semestre del 2016 se elevó 13.7%.

En resumen, hay más dinero, el problema es que se gasta mal. De acuerdo al INEGI el valor agregado del sector público durante 2013, y 2014, tuvo una caída promedio de -0.5%. Estas cifras hacen evidente que transferir un peso del sector privado al público es improductivo.

A lo anterior se debe agregar el problema del endeudamiento: hasta junio 8.7 billones de pesos, una cifra 3.4 billones superior a lo contabilizado en 2012 (63% más). La estrategia del Gobierno fue aumentar el gasto público en función de mayor recaudación fiscal y deuda. Lo que no se vio fue que las erogaciones son improductivas, trascienden de forma limitada al sector privado.

Hoy las calificadoras señalan que la deuda es un problema para las finanzas públicas y que eso afecta al sector bancario, básicamente porque este último se puede ver afectado por el débito, y posible insolvencia, que Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad tienen con la banca. Las reformas financiera y fiscal no garantizan la estabilidad del sistema.

Lo último se puede extender a la parte energética, los flujos de inversión esperados no se han consolidado y los cambios administrativos de Pemex no garantizan su viabilidad financiera. Los efectos palpables se pueden observar en el incremento de los precios en las gasolinas, gas natural y electricidad. Las necesidades financieras restringen los beneficios esperados por la aprobación de la reforma energética.

El crecimiento de dos por ciento promediado en el sexenio sigue cobrando una factura socioeconómica: la ocupación y empleo aumentaron, pero lo hicieron en el rango de los salarios más precarios, persiste la desaparición de las remuneraciones mayores a tres salarios mínimos. ¿Y el aumento de la productividad y los salarios asociados a la reforma laboral?

En el cuarto informe se debe reconocer la necesidad de cambios más profundos, que reactiven a la economía, dos años constituyen mucho tiempo para continuar bajo la misma inercia.