A nadie —o casi a nadie— podían causar sorpresa las primeras informaciones dadas a conocer hace ya un año, según las cuales en el Registro Público de la Propiedad de Coahuila se había creado una auténtica mafia dedicada a beneficiarse personalmente por la realización de su trabajo cotidiano.

Y no podía causar extrañeza porque, como bien sabemos todos, la corrupción en el servicio público representa una de sus características distintivas, tal como lo demuestran de forma consistente todas las mediciones que en nuestro País se hacen sobre el tema.

Pero una cosa es que a nadie le cause sorpresa el enterarse de la existencia de redes de corrupción que literalmente se han “adueñado” del Registro Público y otra muy distinta que lo aceptemos como algo “normal” o consideremos que nada puede —o debe— hacerse al respecto.

Menos aún cuando los últimos 12 meses lo que han demostrado es que la realidad del RPP constituye probablemente uno de los casos más complejos en materia de corrupción en el servicio público.

Esto es así porque, al menos desde la narrativa oficial, una vez que los intereses existentes en el Registro Público fueron descubiertos, los miembros de la “mafia de las escrituras” se han dedicado a sabotear los intentos por regularizar la situación.

La problemática se ha prolongado tanto tiempo que llama la atención el hecho de que, con todo y los cambios en su dirección, así como el inicio de procedimientos penales e incluso el retiro de al menos un fíat a un notario, la situación siga empantanada.

Dos explicaciones se antojan para tal circunstancia: o quienes trabajan en resolver el problema carecen de una estrategia adecuada, o los circuitos de corrupción han contaminado de forma irreversible el RPP.

Y es que con toda la voluntad empeñada en resolver el asunto, los meses siguen acumulándose y la situación mejora sólo de manera marginal, al grado que ahora se está ofreciendo la instrumentación de “dobles turnos” para que el rezago pueda ser abatido.

Valdría la pena saber por qué, a pesar de todas las acciones instrumentadas hasta ahora, la estrategia del Gobierno del Estado no ha  sido capaz de rendir los frutos esperados y que reclaman múltiples sectores, entre ellos los relacionados con la industria de la construcción, a cuyos miembros ha afectado seriamente la situación.

Hoy se afirma en el próximo mes de febrero deberá quedar superada la situación que condujo a esta auténtica crisis registral en Coahuila. Es de esperarse que no se trate sólo de una fecha más de la larga lista de ofrecimientos que se han hecho en este sentido.

Es de esperarse también que las acciones emprendidas para resolver el problema  impidan que en el futuro pueda volver a revivir la “mafia de las escrituras” pues, según pareciera evidenciar la realidad, es tan peligrosa y difícil de combatir como cualquier grupo de la delincuencia organizada.