De acuerdo con cifras del Infonavit, el “desorden” que invade a la oficina en Saltillo del Registro Público de la Propiedad provocó una disminución importante en el número de créditos otorgados por esta dependencia durante el año pasado, comparado contra las cifras del 2014.

La disminución no es poca cosa: alrededor de 4 mil solicitantes de vivienda se habrían quedado sin la oportunidad de acceder a un crédito de vivienda debido a los retrasos provocados por el mal funcionamiento del Registro Público.

Diversos sectores se han quejado hasta ahora del problema y han evidenciado las graves consecuencias -económicas, sobre todo- que el problema les ha causado, pero ninguna queja supera el impacto que se habría causado a los derechohabientes del Infonavit.

Millones de personas en México tiene como su única posibilidad de acceder a una vivienda los distintos esquemas que la dependencia federal administra y el quitarles la posibilidad de contratar un crédito constituye una grave lesión a sus intereses.

No se trata de minimizar la relevancia que tiene el hecho de que un empresario sufra pérdidas económicas importantes, o de que se vea incluso obligado a cerrar su negocio porque el mal funcionamiento del RPP no le permite sostener su operación.

De lo que se trata es de llamar la atención respecto de quiénes podrían ser los principales perjudicados en esta historia, pero a quienes nadie ha volteado a ver hasta ahora porque no se encuentran agrupados ni organizados para hacer visible su situación.

Los derechohabientes del Infonavit no son una empresa, e individualmente pueden pasar inadvertidos, porque su nivel personal de perjuicio en esta historia podría incluso considerarse nimio.

Sin embargo, se trata de la parte más relevante de la ecuación, pues son las personas que con su trabajo cotidiano y sus aportaciones al fondo de vivienda en el cual cotizan se convierten en uno de los motores más importantes de la industria de la construcción.

Por el otro lado, se trata de personas cuyos derechos se ven gravemente vulnerados si las instituciones públicas no cumplen su cometido a causa de la avaricia de un grupo de individuos que decidieron “secuestrar” una institución y han sido tan eficaces en tal propósito que un año de esfuerzos gubernamentales no ha logrado remontar el obstáculo.

Valdrá la pena que en los sucesivo las autoridades estatales tengan en cuenta, al momento de evaluar las consecuencias de esta historia, el importante daño causado a los integrantes más débiles de la cadena productiva: los trabajadores que tienen en el Infonavit la única vía para hacerse de una vivienda digna y construir un patrimonio para sus familias.