La presidenta Dilma Rousseff rechazó haber nombrado ministro a su predecesor, Luiz Inácio Lula da Silva, para beneficiarlo con el fuero judicial ante las investigaciones contra él en el marco de la Operación Lava Jato.

Asimismo, Rousseff repudió “con vehemencia” la divulgación de una conversación telefónica entre ambos, interceptada por la policía y divulgada por el juez Sergio Moro, que investiga a Lula por su eventual implicación en la trama de corrupción en Petrobras.

En la grabación se escucha a la mandataria decir por teléfono a su antecesor que le envía un documento oficial con el nombramiento como jefe de gabinete para utilizarlo “en caso de necesidad”, en aparente referencia a una eventual detención policial.

Con el nombramiento, Lula tendrá fuero privilegiado, por lo que no puede ser juzgado por Moro, juez de primera instancia, sino únicamente por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Al respecto, Rousseff afirmó que el objetivo del documento oficial que le envió a Lula fue malinterpretado.

Según la mandataria, Lula no sabía si comparecería a la ceremonia de toma de posesión de su cargo, por lo que le “envió para su firma el debido término de toma de posesión. Éste sólo sería utilizado en caso confirmado de ausencia del ministro”.

Sin embargo, los investigadores de la Operación Lava Jato creen que el uso de Rousseff del término “en caso de necesidad” sugiere que la presidenta pide a Lula que utilice el documento si la policía iba a detenerle, ya que ahora como ministro tiene fuero privilegiado.

Rousseff también criticó lo que consideró como “una flagrante violación a la ley de la Constitución de la República”, en referencia a la publicación de las escuchas telefónicas, realizada tras el levantamiento del secreto de sumario por parte del juez Moro.

Tras la publicación de los audios, al menos dos manifestaciones –una en Brasilia y otra en Sao Paulo- se organizaron para pedir la renuncia de Rousseff, mientras en la Cámara Baja de Brasil diputados de la oposición gritaron: “¡Renuncia, renuncia!”.