En su niñez y adolescencia, muchas vacaciones de Rosario Robles Berlanga transcurrieron en Saltillo y la sierra de Arteaga, municipios coahuilenses. Sus abuelos vivían en el poblado montañoso de San Antonio de las Alazanas, así que referirse en Coahuila, a quien fue la primera mujer que ocupó la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal como “la paisana”, estaba más o menos justificado.

Robles Berlanga “debutó” políticamente en Coahuila, durante las elecciones de 1999, cuando se eligió a Enrique Martínez y Martínez como gobernador del estado. En aquella ocasión, la saltillense Juanita Lara fue candidata a diputada local por el Partido de la Revolución Democrática y ofreció una comida para la prensa en el restaurant “El Tapanco”, donde presentó a Robles como una dirigente “de sangre coahuilense”, responsable de apoyar las campañas del partido del sol azteca en la entidad.

Rosario Robles mencionó que unos primos suyos se dedicaban a la construcción y siendo Secretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llevó a trabajar con ella al sampetrino Javier Guerrero García.

Esa es básicamente la relación de Robles con la tierra de sus antepasados. Ahora enfrenta el mayor escándalo de su vida política, y está en riesgo nada menos que su libertad.

Esta mañana, Rosario Robles fue vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público; permanecerá recluida en Santa Martha.

Tras varias horas de audiencia, un juez determina la vinculación a proceso a la ex secretaria de Desarrollo Social.

El juez emitió esta determinación en contra de Robles Berlanga por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

La defensa de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social, señaló que el expresidente Enrique Peña Nieto, sí tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación durante su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

Robles Robles salpica a Peña Nieto y Meade... dice que sí avisó al presidente sobre irregularidades y desvíos

Robles Berlanga señaló que informó de las irregularidades en Sedesol tanto al expresidente Enrique Peña Nieto, como al excandidato presidencia Antonio Meade, esto en el contexto de su comparecencia ante un juez de control en el reclusorio sur de la Ciudad de México.

La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario,Territorial y Urbano (Sedatu), compareció desde las 6 de la tarde del lunes 12 y hasta horas de la madrugada de hoy.

Según Rosario Robles, le dijo al presidente Peña Nieto de estas irregularidades por diferentes vías y en distintos momentos: en giras de trabajo y en reuniones de gabinete. 

La defensa también argumentó que José Antonio Meade supo de las irregularidades que la ASF detectó en Sedesol, cuando se firmó el acta de entrega recepción de esa secretaría y el excandidato presidencial sucedió a Robles. 

La comunicación entre Rosario Robles y el presidente ocurrió a través tres vías: reuniones de gabinete, giras de trabajo que compartieron y vía telefónica a través del “teléfono rojo”, argumentaron los abogados de la exsecretaria. 

Tras 10 horas de audiencia, la defensa de Robles expuso que las acusaciones de la Fiscalía General de la República sobre la omisión de informarle a su superior jerárquico, en este caso al expresidente Peña Nieto, no tienen sustento debido a que sí se le comunicó y con ello se demuestra la “voluntad” de la funcionaria en atender las irregularidades señaladas por la ASF. 

Afirmó que dicha omisión provocó un daño al erario federal por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos derivados de los desvíos supuestamente “permitidos” por Robles.

Los abogados expusieron 32 datos de prueba, de los cuales dos testimonios y una pericial no fueron admitidos por el juez. Una de esas declaraciones era la de María Eugenia Romero Martínez, exsecretaria particular de Robles, con la que buscaba demostrar que informó al expresidente de la República de las diversas anomalías observadas por la ASF.

La FGR sustentó su acusación en testimonios de dos excolaboradores de Robles en Sedesol y Sedatu, que afirmaron que le indicaron a Robles Berlanga que había conductas irregulares por parte de diversos funcionarios en la firma de los contratos con entes públicos.

Al respecto, la defensa presentó oficios en los que requirió a la Unidad de Asuntos Jurídicos y al oficial Mayor de Sedesol y Sedatu que dieran seguimiento a las denuncias recibidas por los exfuncionarios.

Además, exhibieron las resoluciones del Órgano Interno de Control (OIC) en las que se determinó que por falta de elementos para fincar responsabilidades administrativas no procedían las quejas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre supuestas irregularidades en las contrataciones y otros oficios en los que se solventaron las observaciones de dicho organismo revisor.

Como datos de prueba, los abogados de Rosario Robles exhibieron la carta recepción del 27 de agosto de 2015 de la administración de la Sedesol a José Antonio Meade, su sucesor.

En el documento, en el anexo 21 de los folios 630 al 633, la saliente secretaria de Estado notificó a Meade de observaciones de la ASF pendientes de solventar y que son las que forman parte de la acusación que tiene la FGR en su contra.

“Ella informó al secretario entrante, por lo que la omisión no es de la hoy enjuiciada”, afirmó el abogado Óscar Rogelio Ramírez Santiago.

EL UNIVERSAL informó que la FGR señaló que de los 27 contratos que presentaron irregularidades y que constituyeron la acusación contra Robles uno fue firmado por ella al frente de la Sedesol.

Que dicho contrato significó un posible daño al erario de 60 millones 952 mil 400 pesos que fueron pagados a la Universidad Autónoma de Chiapas por trabajos que no fueron realizados.

En la diligencia, Ramírez Santiago afirmó que es falso que Rosario Robles firmara un instrumento jurídico de carácter económico, sino que el 15 de mayo de 2013 firmó un convenio protocolario de colaboración con dicha institución educativa.

Dos años después, Víctor Manuel Tapia firmó el contrato con la universidad y la FGR acusa irregularidades que generaron el daño de más de 60 millones de pesos.

Los abogados respondieron uno a uno los datos de prueba ofrecidos por la FGR contra Rosario Robles, entre los que se encontraban 24 dictámenes de las revisiones de la ASF entre 2015 y 2018 a Sedesol y Sedatu, que incluían observaciones sobre supuestas anomalías en la contrataciones de las dependencias con entes públicos tales como universidades estatales, institutos tecnológicos y televisoras foráneas.

De los dictámenes emitidos por la ASF durante la gestión de Robles al frente de Sedesol, algunos se referían a contratos suscritos en 2013 pero fueron realizados hasta 2015.