La extitular de la Sedesol y Sedatu, Rosario Robles Berlanga, propondrá a la Fiscalía General de la República (FGR) declararse culpable de no haber frenado los convenios que dieron paso a “La Estafa Maestra” en Sedesol y Sedatu, y aceptar una sentencia de seis años de cárcel por dicho delito.

Lo anterior a cambio de que la Fiscalía General de la República (DFGR) acepte cerrar, sin llegar a la fase de juicio, el proceso penal abierto en su contra por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Algo que hasta ahora la Fiscalía se ha resistido a llevar a cabo.

Esta nueva propuesta de la defensa de la exfuncionaria duplica la cantidad de años de prisión que habían planteado en su primera propuesta y que era de solo tres años de cárcel. Era una opción que de haber sido aceptada por la Fiscalía implicaba la libertad casi inmediata de Robles.

Aunque aceptar un procedimiento abreviado como el que propone la defensa de Robles significa que se le impongan las penas mínimas, la diferencia es que Robles estaría concediendo que también se le condene con las agravantes de ser un delito que se cometió de forma reiterada y que ocurrió en dos dependencias.

Dado que la Fiscalía le imputa un doble cargo de ejercicio indebido del servicio público, uno por lo ocurrido en Sedesol y otro en Sedatu, esto representaría tres años de cárcel por cada uno de los cargos, que sumados darían una sentencia de seis años de prisión en total.

Aunque dicha pena de seis años – de ser aceptada – podría recibir alguna reducción por los beneficios que la ley contempla, ya no significaría la libertad inmediata de Robles quien hasta ahora lleva un año y medio presa. Los seis años, son poco menos de la tercera parte de los 21 años de prisión que la FGR pidió como pena máxima en su acusación.

En lo que Robles no se moverá en su nueva propuesta, al menos de momento, es en aceptar el pago de cinco mil millones de pesos que la FGR le exige como reparación del daño caudado, y que es un punto que también ha complicado las negociaciones.

La Fiscalía reclama el pago de dicha cantidad bajo el argumento de que ese fue el monto que se desvió de la Sedesol y Sedatu como resultado de la firma de convenios que Robles fue omisa en frenar, pese a que existían advertencias de la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades en torno a los mismos.

Sin embargo, la defensa de Robles encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha sostenido que dicho pago es técnicamente improcedente dado que a su representada no se le imputa haberse robado o enriquecido con ese dinero, sino solo un tema de omisión que es de consecuencia formal y no material.

De hecho, en la audiencia inicial en la que Robles fue vinculada a proceso en agosto de 2019, el juez Jesús Delgadillo Padierna le señaló que no se le acusaba de malversar ese dinero o apropiárselo, sino de haber sido omisa al no prevenir el posible desvío de recursos a través del convenio referido.

Finalmente, y como parte de su propuesta, Robles insistirá en la petición de dialogar con un funcionario de alto nivel de la Fiscalía para plantear la posibilidad de volverse una testigo colaboradora y declarar por hechos de corrupción en el sexenio pasado, a cambio de que se le conceda un criterio de oportunidad que cancele la orden de aprehensión girada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

¿Qué sigue? Una negociación compleja... lee la nota completa en ANIMAL POLITICO