Una de las primeras “cruzadas” del gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la emprendida contra el robo de combustibles, mejor conocido como “huachicoleo”. La forma en la cual se decidió combatir el fenómeno provocó incluso una crisis de abasto en diversos puntos del País.

Sin embargo, una vez “normalizado” el proceso de abasto de combustibles, el Gobierno de la República ha sostenido largamente que el problema se resolvió prácticamente en su totalidad.

Por desgracia, las autoridades que intervienen en el proceso no tienen vocación por la transparencia y por ello no existen datos públicos que permitan determinar con claridad qué fue lo que pasó durante el período de crisis, qué acciones se emprendieron de forma puntual y cuáles son las cifras que permiten evaluar los resultados de las mismas.

En cambio sí tenemos información que concita cuestionamientos y debería obligar a las autoridades a responderlos. Una de las fuentes de información al respecto es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entidad que entre otras cosas lleva la contabilidad de las carpetas de investigación abiertas por delitos relacionados con hidrocarburos.

De acuerdo con el SESNSP, en enero de 2021 se abrieron en Coahuila 13 carpetas de investigación por conductas que implicarían la comisión de delitos relacionados con hidrocarburos, etiqueta que, para todo efecto práctico, significa “robo de combustible”.

¿Son muchas, pocas o una cifra “normal” 13 carpetas abiertas en un período de 31 días en una entidad como Coahuila?

La respuesta rápida al cuestionamiento anterior es “comparado con qué”. Y por ello es preciso recurrir a la comparación y decir que se trata de una cifra que es casi un 20 por ciento superior a la media mensual registrada durante todo el año pasado en la entidad.

En otras palabras, lo que las cifras parecen demostrar es que el problema de “huachicoleo”, en el mejor de los casos se mantiene “estable” pero eventualmente está creciendo, medido a partir del número de carpetas de investigación que se inician mensualmente por delitos relacionados con esta actividad ilícita.

Y si esa es la realidad, entonces resulta obligado cuestionar por qué está pasando tal cosa y cómo está afectando la hacienda pública, pues las cifras que se han expuesto en el pasado reciente retrataban un “negocio” de miles de millones de pesos al año.

Cuestionarse al respecto es necesario, además, porque está muy claro que esta actividad ilícita no puede prosperar si no es con la complicidad de quienes tienen a su cargo las instituciones públicas encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.

¿Se han restaurado los circuitos de corrupción que permitieron el surgimiento de la multimillonaria “industria del huachicol”? Valdría la pena que el Gobierno de la República pusiera atención en el tema porque se trata de una posibilidad muy real.