En el Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, fiscales de la PGR argumentaron que el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, es probable responsable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de coautor.

Durante la audiencia inicial del ex mandatario, en la cual se decretó un receso, la PGR acusó al ex mandatario de un quebranto de 900 millones de pesos.

Según la investigación el imputado "ideó y ejecuto un plan" para adquirir 22 propiedades en lugares como Tulum, Cozumel, Isla Mujeres y Playa del Carmen a un precio muy por debajo de su valor real.

Según la investigación, el ex gobernador ejecutó las transacciones a través de familiares y personas de su primer círculo.

Por ejemplo mediante el nombramiento de Claudia Romanillos como directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del estado de Quintana Roo, quien avaló la adquisición de las 22 propiedades al igual que Soraya Guadalupe Herrera, directora de titulación y jurídica del organismo estatal.

De acuerdo con la PGR, este plan se llevó a cabo en el periodo de agosto de 2011 a septiembre de 2016 a través de empresas fachada.

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, se reservó el derecho a declarar en la audiencia inicial del proceso que enfrenta por presunto lavado de dinero durante su gestión.

La PGR solicitó al juez de Control vincular a proceso al ex mandatario.