Considero que muchas de las decisiones que tomamos, aun en nuestra vida personal, serían más acertadas si nos detuviéramos un momento a reflexionar qué factores podrían, bajo determinadas circunstancias, impedir la realización de nuestros objetivos: Este ejercicio es la primera etapa de lo que en la jerga de la administración pública se conoce como “análisis y gestión de riesgos”. 

Es evidente que nuestras acciones no se dan en el vacío; existe una serie de elementos, tanto dentro como fuera de un determinado sistema, que tenemos que incluir en nuestros cálculos para plantear, a priori, un cierto número de escenarios que pueden producirse. 

Ante tales situaciones, ¿contamos con las capacidades necesarias para minimizar el impacto de estas circunstancias? ¿Se requiere diseñar una estrategia para enfrentar las amenazas del entorno? ¿Cuál podría ser el costo en el caso de que los riesgos potenciales se convirtieran en situaciones críticas? ¿Los peligros que debemos atravesar son a corto, mediano o largo plazo? ¿Cuál es la naturaleza de esos riesgos? 

No se trata de adoptar una actitud catastrofista que acabe por paralizar cualquier iniciativa o espontaneidad, sino de poner los pies en la tierra, considerar un número sustancial de variables y prever qué demandas plantea la situación presente y futura del entorno. 

A partir de una correcta evaluación de riesgo estaremos en posibilidad de determinar la viabilidad de un proyecto, el costo contra el beneficio de implementarlo y los ajustes que hay que hacer a nuestras presunciones originales para tomar en cuenta lo que pueda —o no— venir. 

Es imposible hablar de un buen diseño de gestión que no haya llevado a cabo una evaluación objetiva de factores que representen amenazas y que tenga la flexibilidad necesaria para enfrentarlas con efectividad. Mientras mayor sea el alcance de un proyecto, mayor seriedad cobra que sus ejecutores tengan conciencia de lo que puede pasar. 

Actualmente atravesamos por la etapa de análisis previo a la emisión de la legislación secundaria para operatividad a la reforma constitucional que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción en mayo de este año. Esta es la iniciativa más importante en el ámbito de la auditoría gubernamental en México y dada la necesidad impostergable de actuar contra la corrupción, considero prudente que tengamos en cuenta algunos riesgos que pueden comprometer su éxito.
 
En primer lugar, si asumimos que el Sistema se basa en elementos técnicos para alcanzar sus metas, debemos estar especialmente alertas a cualquier intento de politizar su funcionamiento. Esta vertiente lleva a buscar acciones mediáticamente atractivas, antepone la ganancia partidista a la solución de fondo y afecta la credibilidad de las instituciones que interviene en el proceso. 

Un segundo factor a tomar en cuenta está representado por la participación ciudadana en el Sistema. La intervención de distintos sectores sociales y grupos organizados en la lucha anticorrupción podría burocratizarse o verse inmersa en incentivos que son los que originalmente, se está luchando por evitar. 

En tercera instancia, es preciso hacer una distinción entre someter al Sistema a evaluaciones para mejorarlo y convertirlo en un foro enfocado a cuestionar a las instituciones encargadas de administrarlo cuando no se obtienen resultados inmediatos o de carácter mediático. 

Finalmente, hay que tener mucha cautela respecto a atribuir en exclusiva la corrupción y su solución al ámbito gubernamental. Es necesario que se legisle con el fin de que se determine una corresponsabilidad del sector privado que interactúa con entidades públicas en el caso de que se presenten irregularidades. 

En suma, el peor riesgo sería no evaluar el riesgo.