El aumento en las tarifas de agua será blindado en Coahuila, al exigir justificaciones que permitan a las autoridades evaluar los incrementos a partir de ahora, tras aprobar un dictamen en el Congreso.

Este dictamen propone que además de proponer a los cabildos las modificaciones a las tarifas de consumo de agua potable, drenaje y alcantarillado para que sean incluidas en las Leyes de Ingresos correspondientes al ejercicio fiscal, dicha propuesta deberá incluir un reporte completo y detallado sobre reducción de costos de operación, perforación, equipamiento y mantenimiento de fuentes de abastecimiento.

SIN FUGAS TODO ES MEJOR

Así como la reparación o reemplazo de tuberías con fugas, mejoras en los servicios de conexión, reconexión y atención en ventanilla, y regularización, tanto de usuarios con tomas colectivas o clandestinas, oficinas públicas, industrias, comercios, prestadores de servicios y casas residenciales que se encuentren evadiendo en el pago del agua consumida.

Las reformas también incluyen el sufragar, bajo criterios de máxima austeridad, todos los gastos de administración, operación, conservación y demás, respecto de los bienes y servicios que se les encomienden, mientras que sólo podrá celebrarse contratos con autoridades federales, estatales o municipales, con organismos públicos, privados y sociales, que sean los estrictamente necesarios para su eficaz cumplimiento.

UNA BUENA ADMINISTRACIÓN

Otro dictamen aprobado para la Ley de Aguas para los Municipios del Estado de Coahuila fue el del Artículo 66 donde establece que los servicios de suministro de agua potable deberán satisfacer las necesidades de los centros de población y sujetarse a las normas que los rijan, así como los del drenaje y alcantarillado.

Mientras que las quejas de los usuarios por deficiencias de dichos servicios podrán presentarse a través de los canales e instancias creados oficialmente para ello, o bien, directamente ante el gerente del organismo operador, quien en todo momento estará obligado a respetar el ejercicio del derecho de petición de los inconformes, y a atender de manera expedita los reclamos que estos le presenten, comprometiéndose a resolverlos satisfactoriamente.