Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó revisar una orden ejecutiva del presidente Barack Obama para que hasta 5 millones de migrantes "salgan de las sombras" y trabajen legalmente en el país.

Los magistrados dijeron este martes que sopesarán desechar sentencias de tribunales inferiores que bloquearon las acciones ejecutivas de Obama en momentos en que se aviva una campaña por las candidaturas presidenciales ya cargada por el tema.

El caso probablemente sea analizado en abril y se anuncie una decisión a finales de junio, un mes antes de las convenciones de nominación presidencial de los partidos Demócrata y Republicano.

Los migrantes que se beneficiarían con el plan del gobierno son principalmente los padres de ciudadanos estadunidenses y de residentes con permanencia legal.

El gobierno de Texas lidera a 26 estados que han impugnado el plan de migración de Obama.

Hasta el momento, los tribunales federales se han alineado con los gobiernos estatales al evitar que el gobierno emita permisos de trabajo, con lo que los migrantes habrían comenzado a recibir algunas prestaciones federales.

Si al final los magistrados respaldan al gobierno de Obama, al presidente le quedarían aproximadamente siete meses para poner en práctica sus planes.

En el centro del debate nacional está el programa llamado "Deferred Action for Parents of Americans" (suspensión temporal de deportaciones para los padres de estadunidenses). Obama dijo a finales de 2014 que su plan permitiría a las personas que han vivido en Estados Unidos por más de cinco años y que tienen hijos que residen legalmente en el país "salir de las sombras y cumplir con la ley".

Texas encabezó rápidamente una impugnación legal al programa y hasta el momento ha ganado todos los casos en juzgados. Más recientemente, en noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito falló a favor de los estados, lo que provocó que el gobierno federal apelara a la Corte Suprema.

El procurador general Donald Verrilli Jr. dijo en una presentación judicial que mantener esas resoluciones judiciales obligaría a millones de personas a "seguir trabajando por fuera de los registros, sin una opción de empleo legal para mantener a sus familias".