CDMX.- La Auditoría Superior del Estado de Nayarit (ASEN) ha detectado hasta ahora operaciones irregulares por más de 225.53 mdp en las dos gestiones de Hilario Ramírez Villanueva, alias “Layín”, que abarcan de 2008 a 2011 y de 2014 a 2017, en la Alcaldía de San Blas.

No obstante, el Edil sanblaseño es hoy precandidato independiente al Gobierno de Nayarit, y algunas encuestas de la prensa local le atribuyen casi 10% de las preferencias electorales que siguen creciendo.

Las auditorías a 4 de los 6 ejercicios de Ramírez Villanueva (2009, 2010, 2011, 2015), que fueron consultadas por El Universal, detectaron errores y omisiones por más de 159.57 mdp, además de operaciones financieras que constituyen un “daño a la hacienda pública” por más de 65.96 millones.

La ASEN descubrió retenciones efectuadas al salario de trabajadores del Ayuntamiento por concepto de créditos del Fonacot y del ISR reportable al SAT, por casi 23 mdp, los cuales no fueron transferidos a dichas instituciones ni hallados en otros haberes del patrimonio municipal.

Su administración pagó subvenciones a personal ajeno al Ayuntamiento, distribuyó “subsidios sociales” por más de 20 mdp en sólo un año, efectuó gastos no institucionales como “investigación científica y desarrollo”, gasolina, peajes, hospedajes, y metió a contabilidad un comprobante de más de 100 mil pesos por un consumo de alimentos.

Incluyó facturas falsificadas, transfirió recursos a dependencias municipales con cheques a nombre de funcionarios por más de 11 mdp, suprimió débitos a deudores del Ayuntamiento por más de 8 millones, pagó obra pública inexistente y no consiguió comprobar gastos por otros 8 mdp, entre otras anomalías.

El tipo de respuestas del Ayuntamiento a las observaciones del auditor se ilustra con la siguiente que dio sobre la omisión de registros contables de la deuda pública municipal de 2009. 

La Alcaldía argumentó que la administración previa no le entregó los archivos respectivos: “Reconociendo en mi actual administración […] la falta de documentación e información en distintas áreas, a lo que me asalta la duda el porque (sic) en las auditorías anteriores que se realizaron a otras administraciones no se percato (sic) de tales manejos”.

Las cuatro auditorías revisadas reúnen 385 observaciones, de las cuales el Ayuntamiento solventó sólo 22.

RETENCIONES ‘CONGELADAS’
“Layín” ejerció un gasto total de 367 millones 861 mil 24 pesos con 26 centavos en los años correspondientes a las auditorías revisadas. La acción financiera sistemática en esos ejercicios es la retención económica al salario de los trabajadores del Ayuntamiento por créditos de Fonacot, cuyo monto no es transferido a esa institución. 

Al cierre de 2015, sumaba 9 millones 617 mil 643 pesos con 12 centavos. En la revisión de 2011, la ASEN especificó: “No hay evidencia de que dichos recursos estén disponibles en alguna de las cuentas de bancos del Ayuntamiento”. 

Las retenciones del ISR a la nómina en 2011 y 2015, también fueron “congeladas” por el Ayuntamiento: 13 millones 164 mil pesos que no recibió el SAT. En 2009 y 2010, el Ayuntamiento no entregó la documentación de ese rubro.

La Alcaldía de San Blas también aplica un impuesto especial de 12% sobre sus recaudaciones, destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN). En 2009, 2010 y 2015, la contabilidad municipal registró las retenciones respectivas por un millón 15 mil pesos, captación que no fue transferida al patronato administrador ni a la Tesorería estatal.

En 2015, el Ayuntamiento de San Blas gastó 90 millones 908 mil pesos. La ASEN auditó 40%. Encontró depósitos registrados en las cuentas municipales que no llegaron a las cuentas bancarias, recaudación no depositada, saldos de origen desconocido en cuentas contables, 3 millones 298 mil de retenciones obligatorias a contratistas sobre obras financiadas por programas estatales y federales que el Ayuntamiento no reintegró al erario, y un adeudo de remuneraciones por 38 millones 852 mil pesos.

Sin aprobación presupuestal, la administración de “Layín” financió productos agrícolas para alimentación de personas (278 mil pesos), auxilio a personas y hogares (717 mil pesos), proyectos para prestación de servicios (726 mil pesos), otros proyectos productivos (162 mil pesos), otras (200 mil pesos) y otros subsidios (7 millones 263 mil pesos).

El Gobierno Municipal no acreditó que tales “ayudas sociales” hayan sido entregadas a población de escasos recursos. La ASEN subraya que en el papeleo respectivo “se advierten rasgos distintos entre las firmas de las credenciales de elector o recibos de tesorería y solicitudes de apoyo”, y que buena parte de ese dinero se otorgó a personas de otros municipios.

Para más subsidios, la administración municipal “transfirió” recursos al Sistema DIF de San Blas y al organismo operador del agua potable (Oromapas), sin comprobante fiscal y a través de cheques expedidos a nombre de los titulares de dichas dependencias y otros particulares, por 11 millones 795 mil pesos.

IMPOTENCIA DE LA LEGISLATURA
La ASEN inició 11 procedimientos de responsabilidad administrativa contra Hilario Ramírez, y más de 30 contra funcionarios de sus administraciones y miembros de cabildo, derivados de las auditorías. Sin embargo, hasta ahora sólo ha logrado que la extesorera, Argelia Ramírez Cruz, fuera inhabilitada por 11 años para ejercer responsabilidades públicas.

El órgano fiscalizador consigna que “en términos generales”, el Ayuntamiento cumplió con la normatividad “excepto por los resultados con observación” en las 4 auditorías revisadas, y determina que sólo en 2009 y 2010 incumplió con los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

Todavía faltan por publicarse los resultados de la fiscalización 2016 y, el actual ejercicio.