Alejandro Gutiérrez, es uno de los aliados de Enrique Peña Nieto que están bajo sospecha de participar en un esquema de malversación para impulsar las posibilidades de su partido en un momento de profunda insatisfacción con el gobierno, de acuerdo con exfuncionarios vinculados al plan y cientos de páginas de documentos revisados por The New York Times.

El arresto de Gutiérrez, un veterano político que en ese momento era el secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es parte de una investigación cada vez más amplia sobre la enorme corrupción sucedida bajo el mandato del anterior gobernador del estado de Chihuahua. El gobernador era un amigo cercano del presidente de México y una estrella en ascenso del PRI antes de que huyera a Estados Unidos para evitar los cargos de corrupción.

El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.

Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.

Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.

El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

El caso en su contra ha afectado a media docena de exfuncionarios del estado; algunos ya están cooperando con las autoridades.

Pero la investigación se está extendiendo y amenaza con llegar a los cargos más altos del gobierno, según el testimonio de los exfuncionarios del estado y los registros financieros revisados por The New York Times.

Gutiérrez está siendo investigado en relación a lo que los exfuncionarios definen como un plan nacional para canalizar decenas de millones de dólares del dinero público para ayudar a los candidatos del PRI en las elecciones para gobernador de 2016.

El dinero se envió a estados con gobernadores cercanos dentro del partido. Luego, esos funcionarios crearon una serie de contratos gubernamentales con compañías falsas que finalmente devolvieron el dinero para que fuera usado en las campañas, según el testimonio y los registros consultados.

En ese momento, los principales funcionarios del PRI estaban preocupados por perder las elecciones estatales en junio de 2016. Los exfuncionarios estatales dicen que el patrón de malversación de fondos para financiar las elecciones se produjo en varios estados donde el PRI temía perder el control.

Una compañía recibió alrededor de 5,2 millones de dólares por vender el software estatal de recursos humanos. A otras tres empresas se les pagaron millones por servicios de capacitación y educación, según los contratos revisados por The New York Times.

De acuerdo con especialistas en contrataciones, los montos pagados por el estado eran astronómicamente altos por los servicios que brindaban.

Los pagos se movieron rápidamente. A fines de febrero, los contratos habían sido redactados y firmados por los funcionarios del estado, y en abril los cheques fueron enviados a cada una de las compañías.

Con información de The New York Times