La precandidata del PAN al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, atribuyó al “uso faccioso” de las instituciones la investigación iniciada contra integrantes de su familia por presuntas transacciones económicas con empresas fachada señaladas de lavado de dinero. 

En rueda de prensa, acompañada por el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y el dirigente de ese partido en el Estado de México, Víctor Hugo Sondón, afirmó que su nombre no está relacionado con conductas indebidas en la información dada a conocer ayer por EL UNIVERSAL, que reveló la existencia de una investigación contra siete de sus familiares.

“La nota no me involucra en ninguna conducta indebida, la calumnia de hoy no hace sino confirmar que vamos adelante y que vamos a ganar”, dijo Vázquez Mota.

Como reveló EL UNIVERSAL, la indagatoria, a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaria de Hacienda (SHCP), revisa la actuación de dos empresas fantasma señaladas por realizar transacciones por 400 millones de pesos, producto de lavado de dinero, mismas que habrían destinado 17 millones de pesos a siete familiares de Vázquez Mota.

La precandidata insistió en que desconoce esa investigación y acusó “calumnia y difamación”. Empero, no desmintió la existencia de investigaciones abiertas contra su padre, Arnulfo Vázquez Cano y seis de sus hermanos, caso en el que pidió “que las instituciones del Estado mexicano cumplan con su tarea”.

Por el contrario, vio detrás de esa indagatoria al PRI que, afirmó, “hoy quiere intimidar haciendo uso [de las instituciones], que no sólo es reprobable, este uso faccioso, sino que es una regresión democrática”.

Atribuyó a una guerra sucia en su contra la difusión de la indagatoria, pero anticipó que eso no cambiará su decisión de ir por el gobierno mexiquense: “Yo no tengo miedo, y quiero decirlo fuerte y claro, nada ni nadie me va a detener”.

El PRI y el gobierno, aseveró, “demuestran su miedo a perder el Estado de México, por eso recurren a esta guerra sucia, a las calumnias, a las mentiras y al uso faccioso de las instituciones públicas”.

Sobre las actividades económicas de sus familiares, Vázquez Mota se deslindó y aseguró que desconoce los ingresos que obtienen.

“Yo aquí estoy de frente, dando la cara” y de su familia dijo que “como muchas otras, ha trabajado con gran honestidad y esfuerzo... y el que nada debe, nada teme”.

Este diario informó que los integrantes de la familia Vázquez recibieron cuando menos 17 millones de pesos de dos firmas presuntamente dedicadas a encubrir actividades ilegales, según la indagatoria.

Estas son Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, creada en 2013 y que en sólo cuatro meses realizó transacciones por 160 millones de pesos —y que además tiene un domicilio inexistente en Oaxaca— y Bolshoye, creada en 2012, con movimientos superiores a 422 millones de pesos entre 2012 y 2014.

De acuerdo con el expediente, ambas empresas están bajo investigación, pues según la UIF de la Secretaría de Hacienda, podrían dedicarse al lavado de dinero, dado que no registran actividad económica que les permita cumplir con sus actividades fiscales, registran domicilio inexistente o inactivo, además de tener como representantes a personas sin relación con el volumen de recursos millonarios que manejan.

Cierran filas. En la rueda de prensa, el PAN dio su respaldo a la precandidata, a quien acompañaron los secretarios general, Damián Zepeda, y de Comunicación, Fernando Rodríguez Doval; el coordinador de Estrategia Electoral, Santiago Creel Miranda; el delegado del CEN panista en el Estado de México, Eduardo Rivera; el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Fernando Herrera, y la senadora Laura Rojas.

Ricardo Anaya Cortés afirmó que Vázquez Mota “hoy más que nunca cuenta con todo el apoyo”, pues libra en el Estado de México “una auténtica elección de Estado”.

Aunque no se refirió directamente a la indagatoria que involucra a la familia de la aspirante, advirtió que al despliegue de recursos públicos en la entidad, “se agrega que están utilizando instituciones de procuración de justicia para engañar y manipular la opinión pública. Esto confirma que no tienen límites los priístas.

“Confiamos plenamente en la integridad y en la honestidad de Josefina Vázquez Mota. Y como ella lo ha dicho, el que nada debe, nada teme. Que investiguen lo que quieran, a Vázquez Mota no le van a encontrar nada por una razón muy simple: es una mujer honesta”, aseguró.

Víctor Hugo Sondón afirmó que detrás de la investigación (misma que los panistas insistieron en que no conocen) está Alberto Bazbaz, ex procurador mexiquense, quien estuvo involucrado en el caso de la niña Paulette, en Huixquilucan, Estado de México en 2010.

Bazbaz es el titular de la UIF de la SHCP, por lo que “carece de mucha credibilidad, más allá de una persona que maneje legalmente cosas, es un operador político, por lo que estaremos muy pendientes.

“No dejó buenas cuentas en el Estado de México y sugiere también que su misma incapacidad no lo hará tampoco al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera”, dijo.

Piden cárcel... para otros. Vázquez Mota y Anaya denunciaron las irregularidades electorales que se viven en el Estado de México y que, dijeron, hacen de ese proceso una elección de Estado, razón por la que, aunque la legalidad de esos comicios es responsabilidad del Instituto Electoral del Estado, el PAN analiza pedir la intervención subsidiaria del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los integrantes del gabinete presidencial realizan, denunció la precandidata, todo tipo de entregas de apoyos, de dádivas “pidiéndole a la gente copia de su credencial de elector y condicionando esos apoyos al voto de los ciudadanos”.

Actúan como una “camarilla” para apoyar al primo del presidente Enrique Peña Nieto, que es el candidato del PRI; se aferran desesperadamente al poder, pero los ciudadanos estamos hartos”, advirtió la aspirante.

Anaya Cortés exigió a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales que determine la responsabilidad de los involucrados en las 117 investigaciones por delitos electorales iniciadas en la entidad.

“Dada la presencia absolutamente desproporcionada del gobierno federal, la entrega de dádivas y condicionamiento de programas sociales, lo que no es solamente una falta administrativa, sino que constituye un delito”, Anaya demandó cárcel a los responsables, incluso por nueve años como marca la ley.