Iniciada la 66 sesión del Comité Contra la Tortura de la ONU en Ginebra, las organizaciones civiles que escucharon la respuesta de las autoridades mexicanas hacia la relatoría del tema, expusieron que no existen grandes novedades en su discurso a comparación de lo que se dijo por gobiernos anteriores. Apuntan, que este viernes existe una oportunidad de que el Estado Mexicano presente una nueva cara.

“Lo que escuché por parte del gobierno es más o menos la misma respuesta: vamos a estudiar, vamos a ver, va a haber cambios, hay que esperar. Yo estuve hace un año en un evento aquí mismo y la respuesta del gobierno era la misma: vamos a tomar nota, vamos a tomar medidas”, expresó una de las representantes de las organizaciones no gubernamentales que acudieron a los expertos independientes del Comité Contra la Tortura para presentar su informe alternativo.

Al inicio de este período, los expertos independientes del Comité Contra la Tortura, recalcaron a las autoridades mexicanas que dicha práctica autoritaria es un problema generalizado en México, en el que además de que existe impunidad latente, las víctimas no obtienen la adecuada reparación del daño, ni tampoco una correcta aplicación del protocolo Estambúl.

Dentro de las observaciones del examen México, los expertos también mostraron su preocupación de que la práctica de tortura esté en permanente incidencia contra grupos vulnerables como indígenas, migrantes y mujeres.

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales de México, las demandas que se manifestó la relatoría en esta primera parte son que el Estado Mexicano fije datos concretos y una metodología que revele la verdadera implementación de la Ley General o los programas con los que se pretende abatir las prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes mayormente aplicadas en el país por elementos policiacos y militares.

“El camino de las palabras no ha dado resultado. Las preguntas del presidente del Comité, van a puntadas a que generen datos concretos, cómo se han implementado y por qué no funcionan determinados elementos”, expresó Mariana del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.

En ese sentido, Stephanie Brewer del centro ProDH, manifestó que en la exposición de ese problema, los relatores independientes del Comité, señalaron de manera reiterada que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto el Estado Mexicano no contestó, no brindó datos y no tenía clasificaciones respecto del tema, y al cierre se recalcó que estos fueron los mismos problemas que se vieron en el examen del Comité que se realizó en el 2012. 

Aunque todavía falta la evaluación final, la activista exaltó que aunque la Comisión que envió México con representantes de la Fiscalía General de la República, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la CEAV, de Seguridad y comités especializados en el tema, exaltaron la creación de la Ley General contra la Tortura y la autonomía de la FGR, será hasta este viernes cuando la autoridad remarque su compromiso para erradicar la tortura con acciones concretas y no con discursos.

“Es cierto, ha habido un gran avance normativo; es alentador que reconozcan que hay un gran problema, que tienen que reconstruir el Estado de Derecho, pero será hasta mañana cuando respondan sobre temas en concreto cuando se remarque si hay un cambio en la actitud”, expresa Brewer durante las primeras observaciones del examen de México ante la relatoría del Comité Contra la Tortura; órgano de tratado de las Naciones Unidas.