De acuerdo con datos de la Auditoría Superior del Estado, la mayor parte de los sujetos obligados de la entidad incumplieron en algún grado sus obligaciones en materia de rendición de cuentas correspondientes al segundo trimestre del actual ejercicio fiscal.

La noticia, desde luego, a nadie sorprende. Que los ayuntamientos, los poderes de la entidad, los organismos descentralizados y demás entes públicos coahuilenses omitan —en todo o en parte— cumplir con las obligaciones que la ley les establece en términos del ejercicio de su gasto se ha vuelto asunto común en nuestra entidad.

Pero, como se ha dicho en ocasión de reportes anteriores en los cuales se ha evidenciado tal realidad, el que se trate de un hecho común no debe —no puede— ser suficiente para que se considere a esta situación algo normal, o se termine aceptando que la regla no será cumplida jamás.

Por el contrario, cada incumplimiento debe elevar el tono de la exigencia y debe hacer más costoso, para las instituciones encargadas de garantizar que las normas se cumplan, el evadir sus obligaciones.

Cada incumplimiento debería conducir a la exigencia de definiciones por parte de la Auditoría Superior del Estado, a fin de que le diga a la sociedad coahuilense si puede o no con la responsabilidad de hacer cumplir a quienes deben rendirle cuentas.

En una entidad en la cual el Poder Legislativo se caracteriza por su agilidad al momento de reformar el marco normativo vigente, cada incumplimiento debería conducir a la exigencia de que se formule una iniciativa que imponga sanciones de forma expedita por esta causa.

Pero alguna solución tendría que haber para el incumplimiento crónico en esta materia. Resulta absolutamente inaceptable que por la ruta del “cansancio” se pretenda normalizar la opacidad administrativa y los vicios que detrás de ésta se ocultan.

Si la ASE no puede, que se le transforme, que se le sustituya por otro ente o se le releve de tal responsabilidad, pero que se garantice la rendición de cuentas por parte de los entes públicos.

Lo anterior, por supuesto, de cara al futuro. Por lo que hace al pasado, lo deseable sería que el Poder Legislativo actúe de forma inmediata para remediar esta situación que constituye ya una burla para la ciudadanía, pues a la Auditoría Superior del Estado se le ha dotado consistentemente de mayores atribuciones, presupuesto y “dientes” sin que pase absolutamente nada, ni siquiera en el plano más elemental que es el cumplimiento de los plazos en la entrega de la información relativa a la cuenta pública.

Ya no estamos hablando de hechos aislados ni de conductas esporádicas, sino de una consistente omisión que sólo tiene una explicación posible: para los sujetos obligados, la ASE “está pintada”.