Con la admisión que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de Pasta de Conchos, existe la posibilidad de la reparación del daño y con ello la recuperación de los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados desde el 19 de febrero de 2006 en la mina 8 (2 fueron rescatados), reconoció Cristina Auerbach Benavides, representante del colectivo que agrupa a las familias. 

“Evidentemente no hay nada que repare el daño que les hicieron a las familias, pero sí hay medidas compensatorias de forma integral y la primera es la recuperación de los restos. Si nosotros exigimos como primera medida de remediación es el rescate, porque ahora lo que sigue en el proceso es que nosotros debemos responder a la Comisión Interamericana si queremos llegar a un acuerdo amistoso para ponernos de acuerdo en que se subsanen todas las violaciones y faltas que ha cometido el Estado Mexicano, antes de que el caso pase ante la Corte Penal quien solo emitirá una sentencia, la cual es obligatoria para el Estado Mexicano”, refirió la activista. 

También detalló que no han decidido si aceptarán o no la posibilidad de una solución amistosa, pues están conversando con las familias para ver su posición; además, dijo que el Estado también tendrá que responder si acepta o no una conciliación.

Por otro lado, Auerbach Benavides también señaló que esta admisión que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos representa un logro para las 48 familias de los 63 mineros atrapados desde hace 12 años. 

“Porque después de 12 años, una instancia legal y moralmente acreditada, dice que las familias tienen razón porque se violó el derecho a la vida y a la integridad, porque esa mina no tenía condiciones para trabajar. También se violó el derecho a la protección judicial porque las familias quedaron en absoluto estado de indefensión”, dijo a VANGUARDIA. 

Agregó que ahora sigue el análisis de fondo de la CIDH, para el cual se les pidió a “los peticionarios que entreguemos todas las observaciones complementarias, porque nosotros presentamos (todas las evidencias) en febrero de 2010. Al Estado ya no se le pide ningún tipo de informe y lo que vamos a hacer es que se ocupe de ser responsable del daño que le hizo a los mineros, a las familias y a la Región Carbonífera”, finalizó.