CDMX.- El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló en un análisis que aunque la reforma para regular las actividades de empresas que prestan servicios de subcontratación se haya aprobado, no será suficiente para mejorar las condiciones laborales.

La iniciativa aprobada en el Senado de la República para regular las actividades de empresas que prestan servicios de subcontratación, conocidas como “outsourcing”, busca reducir las malas prácticas asociadas a este esquema de contratación. Monitorear y sancionar estas prácticas es fundamental para proteger los derechos de los trabajadores señaló el IMCO. En su análisis señala que aunque la reforma tiene elementos positivos, no será suficiente para mejorar las condiciones laborales, “ya que si bien se establecen disposiciones para tal fin, también debe considerarse el efecto que la reforma tendrá sobre las decisiones laborales de las empresas y su potencial efecto sobre el empleo en México”.

Destacaron que si el objetivo final de la reforma es fortalecer el empleo, como se menciona en las Consideraciones del Dictamen, se debe complementar con otras políticas públicas y reformas fiscales que incentiven la generación de empleos formales.

De acuerdo con la edición más reciente de los Censos Económicos del Inegi, en 2018 existían en México poco más de 4.1 millones de trabajadores (15.2% del total) contratados bajo el esquema de subcontratación. De estas personas, el 62% eran hombres y el 38% mujeres. Entre 2003 y 2018, el personal subcontratado creció 312% al pasar de 1 a 4.1 millones de trabajadores.

El IMCO señaló previamente que es necesario promover un mercado laboral y un sistema de subcontratación que proteja los derechos de los trabajadores, además de impulsar una economía formal competitiva.