Inicia este día en la mayoría de las escuelas de educación básica del país el ciclo escolar 2017-2018; no es un acontecimiento menor, se trata de la mayor apuesta del país para transformar nuestra realidad, uno de los rubros donde más recursos públicos invertimos los mexicanos. Desde luego, no pasaran desapercibidos aquellos que mediante amenaza y acciones de protesta trataran de secuestrar el futuro de miles de niños, a quienes retrasan o privan de su legítimo derecho a recibir educación.

Un hecho que debe llamar nuestra atención en este periodo es la actuación de gobernadores y presidentes municipales que, en uso de su autonomía presupuestal, interés político o sentido solidario, apoyan el regreso a clases con la entrega gratuita de paquetes escolares integrados en la mayoría de los casos, de acuerdo con las listas publicadas por la SEP.

Este tipo de subsidios o ayudas sociales que favorecen de manera directa la economía de las familias merecen desde luego el reconocimiento social, y el agradecimiento de los beneficiarios cuando los productos resultan de una calidad aceptable.

Desde luego esta práctica o política pública de apoyo a la educación no es general en todo el territorio, no es tampoco federal y no está regulada en la mayoría de los estados, más el cáncer de la corrupción ha penetrado también en la entrega de los útiles escolares.

Gobernadores y alcaldes han identificado en la concentración de su compra un nicho de oportunidad para sus rapacerías; un botón de muestra fue el exgobernador de Nuevo León, aun perseguido por la justicia, al que la Auditoria Superior del Estado le detectó compras millonarias sin soporte de los beneficiarios, en otros casos, licitaciones amañadas y en casi todos, escasa o nula transparencia en sus procedimientos.
Estas prácticas corruptas deleznables, traen también consecuencias negativas para la economía local, y uno de los efectos más graves se da cuando por medio de la licitación, se concentra en una empresa o persona la compra de miles de útiles escolares. Se afecta toda una cadena productiva de distribuidores y papelerías minoristas de las colonias y comunidades, que también forman parte de nuestra sociedad y que legítimamente participan en la actividad productiva de municipios y estados.

Por fortuna, poco a poco, y con la participación de la sociedad civil, la lógica de la adquisición y distribución gratuita de útiles escolares va cambiando en algunos Estados, como es el caso de Baja California Sur, que implementó la práctica de entregar vales para que los beneficiarios puedan comprar libremente, en el día que más les convenga y a su entera satisfacción, los artículos escolares en la papelería o autoservicio que más les agrade o mejor ubicación les otorgue.

Con ello el beneficio es triple: 1). Se cumple con una acción noble, de solidaridad y apoyo a las familias y a la educación, 2). Se dinamiza la economía local, se fortalece el empleo, se conservan las tradicionales papelerías frente a las grandes cadenas y 3). Se da satisfacción completa a los estudiantes que pueden escoger los artículos que más les agradan. Todos ganan, pierde la corrupción.