México vive momentos ominosos, de regresión democrática, luego de aprobarse la Ley de Seguridad Interior y la reforma al artículo 1916 del Código Civil Federal. La primera, en abierta contradicción con la Constitución, y la segunda, inaceptable censura a un derecho fundamental como es la libertad de expresión.

El PRI y sus aliados intentan, desde el Congreso de la Unión, mantener el país por ruta fallida, pero en los partidos de oposición, en las calles, en la academia, en las asociaciones civiles, en organismos internacionales, el rechazo a la intentona golpista es mayor.

Es un sinsentido buscar la paz por la vía de las armas. Creer que mantener vigentes círculos viciosos en los diferentes órdenes de gobiernos corregirá la violencia además de torpe, es irresponsable.

Tampoco tiene sentido ignorar cómo lo hicieron, el principio jurídico de supremacía constitucional que ubica la Carta Magna jerárquicamente por encima de tratados internacionales, leyes y reglamentos. Y no hubo ignorancia de ello, más bien fue dolo.

En el incomprensible mundo de esos legisladores, parece privar la consigna de que el único mexicano bueno es el mexicano muerto… y la prensa y la sociedad silenciadas, sin derecho a denunciar, a reclamar. Y es que hay una condena implícita a la guerra, en la Ley de Seguridad Interior, sin declarar el Estado de excepción.

Se refuerza de manera brutal el poder presidencial cuando el mejor camino es desmantelarlo. Aunado a ello, se instaura la mordaza. Es una grave regresión autoritaria, un retroceso en la democracia.

Es inviable la coordinación —como plantea la citada ley— de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad interior con los diferentes cuerpos policiacos, cuando muchos de ellos están bajo sospecha de estar penetrados por la delincuencia organizada. La detención de algunos cabecillas del narcotráfico ha sido posible, cuando se maneja la información de la operación en secrecía, y ha sido la Marina, en colaboración con inteligencia extranjera, quien ha concretado las aprehensiones.

El autor Edgardo Buscaglia, en su libro "Vacíos de Poder en México", advierte del abandono por parte de los responsables de la seguridad pública, la persecución e investigación del delito, la administración de justicia y la readaptación social. La cadena que debería ser virtuosa, por la corrupción está rota en todos sus eslabones y tiene como resultado violencia, impunidad, injusticia.

La situación de los derechos humanos en México tampoco pareció importar a los legisladores: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas no han sido desterradas, pese a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada hace veintisiete años.

En su Informe Mundial 2017 la organización Humans Right Watch, refiere cómo la CNDH había recibido casi 10 mil denuncias de abusos perpetrados por miembros del Ejército desde 2006, incluidas más de 2 mil en el gobierno actual; y determinó que hubo más de 100 casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares.

Finalmente, entendamos que no se cortará la raíz de la violencia al entrar en marcha las acciones que promueve la Ley de Seguridad Interior. Mientras persista la impunidad, mientras exista injusticia, no habrá paz.

La Suprema Corte de Justicia tiene en sus manos la oportunidad de corregir un yerro histórico. Y en la discusión de la reforma al Código Civil, lo senadores tendrán que valorar si quieren despojarnos de nuestra libertad de expresión, e irritar más al país.