El gobierno mexicano regresó a las familias más ricas del país 6 mil 256 millones de pesos en 2016, correspondiente a la deducción de colegiaturas de dos millones de alumnos inscritos en educación obligatoria, revela un reporte del Centro del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Este recurso representa el gasto total para la infraestructura pública de educación básica; sin embargo, seis de cada 10 pesos del dinero que se ha deducido del pago de impuestos ha beneficiado a la población perteneciente a los dos deciles más altos de ingreso, señala el análisis “La educación privada: gasto tributario con esquema regresivo”, que elaboró el CIEP.

Los alumnos que cumplen con las características para ser beneficiarios del estímulo fiscal son 2.4 millones, lo que representa a 80% del total de estudiantes en escuelas privadas.

“El beneficio fiscal se concentra principalmente en los ricos, por lo tanto, la inequidad en el acceso a la educación se ve afectada. En 2016, el 63.8% de las deducciones se concentró en los dos deciles de ingresos más altos”, señala el reporte.

“Si se distribuyen estos alumnos, de acuerdo con su nivel de ingreso y sin considerar nivel educativo, 57.9% de ellos provienen de los hogares con los ingresos más altos y 1.6% de los hogares con ingresos más bajos. Cabe resaltar que, con el estímulo fiscal otorgado, la concentración en los dos deciles más altos aumentó en comparación con la que existe si se analiza la distribución de todos alumnos de educación privada, sin importar la formalidad o becas totales”, agrega.

El reporte destaca que 52% de alumnos en escuelas privadas se encuentran en los dos deciles más ricos de la economía y 3% en los dos más pobres, independientemente del nivel educativo, de acuerdo con los ingresos promedio de las familias.

Para poder acceder a este beneficio, los padres o tutores deben estar insertos en el sector formal de la economía, puesto que las colegiaturas se deducen del ISR, y los alumnos no deben tener una beca al 100%, en becas parciales u otro tipo de apoyos se deduce el restante de la colegiatura.

El problema, explica la investigadora Fiorentina García Miramón, es que estas condiciones tienen un efecto clave en el número de personas de los deciles más bajos de la economía que pueden acceder al beneficio, puesto que 65% de las personas con menores ingresos en el país, trabajan en el sector informal.

“Elimina gran parte de los alumnos de los primeros deciles dado que aproximadamente 65% de los trabajadores informales se concentran en este sector de la población. También afecta primero a dos deciles, puesto que la probabilidad de que un alumno reciba una beca aumenta si éste proviene de un hogar con ingresos bajos”, señala.

En educación básica, el sistema educativo está compuesto por 25 millones 780 mil 693 estudiantes inscritos en 225 mil 757 planteles de preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con las estadísticas educativas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2016-2017 lo que representa una cobertura prácticamente universal de 96.4%. En bachillerato, para ese mismo ciclo escolar, la cobertura era de 85.7%, lo que representa una matrícula de cinco millones 128 mil 518 estudiantes inscritos en las modalidades escolarizada y no escolarizada, a través de sistemas como la preparatoria abierta y a distancia.

En educación básica, la participación de las escuelas privadas es de 10.1% con 2 millones 608 mil 291 alumnos inscritos en 28 mil 797 planteles, 12% de los existentes en el país. En educación media superior, las particulares dan servicio a 36% de la matrícula en el país, 962 mil 853 alumnos en seis mil 824 escuelas.

México financia y promueve la educación obligatoria a través de dos mecanismos, señala el reporte del CIEP: uno es el gasto público, lo que implica que el gobierno invierte los impuestos que pagan los ciudadanos; por ejemplo, a través de su trabajo o los productos que consumen, y los invierte en escuelas públicas para que cualquier persona pueda acceder a la educación aunque no tenga dinero.

El segundo mecanismo, instaurado por decreto presidencial durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, es la deducción de impuestos de las colegiaturas. lo que quiere decir que el gobierno renuncia a una parte de lo que recauda como parte del impuesto al trabajo, el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El máximo que se puede deducir al año son 14 mil 200 pesos para preescolar; 12 mil 900 pesos para primaria y 19 mil 900 pesos para secundaria, 17 mil pesos para profesional técnico y 24 mil 500 para bachillerato.