Apenas ayer comentamos en este espacio respecto de la necesidad de que los árbitros electorales, es decir, las autoridades administrativas y jurisdiccionales responsables de conducir y vigilar los procesos comiciales en nuestro País, puedan actuar con eficacia para hacer cumplir las normas que regulan la lucha por el acceso al poder público.

El comentario fue realizado a propósito de una sanción impuesta al Partido Revolucionario Institucional debido a la difusión de promocionales, por parte de uno de sus precandidatos a Gobernador, en los cuales incluyó expresiones que fueron consideradas calumniosas por parte de los jueces.

Hoy, publicamos un reporte en el cual se da cuenta de una sanción impuesta por la misma autoridad jurisdiccional al Partido Acción Nacional, debido a un motivo similar: el uso indebido de los espacios en radio y televisión a los cuales tiene derecho en forma gratuita dicho partido.

Como se informó en su oportunidad, a pesar de que formalmente se realizó una contienda interna en el PAN, el 100 por ciento de los espacios promocionales en medios electrónicos de dicho partido fueron ocupados por sólo uno de sus precandidatos dejando, literalmente en el anonimato a quien, a la postre, “perdió” la contienda: Roberto Carlos López García, de quien ni siquiera sus correligionarios lograron conocer su imagen o su voz.

La excusa formal del partido albiazul para haber hecho tal fue que López García “renunció” a los espacios que le correspondían y por tal razón todo el espacio fue ocupado por Guillermo Anaya.

Con independencia de que la historia pueda ser considerada un insulto a la inteligencia, lo cierto es que los partidos políticos, dada su condición de entes de interés público, tienen obligaciones formales para con la sociedad –y no sólo con sus militantes– entre las cuales se encuentra la de garantizar que sus procesos internos se apeguen a criterios democráticos.

El PAN no atendió a dicho criterio y por eso fue sancionado por la autoridad jurisdiccional.

El hecho no solamente demuestra que “en todos lados se cuecen habas”, para recurrir a una expresión de la sabiduría popular, sino también que nuestra clase política tiene una propensión muy alta a violentar las reglas mediante las cuales se regulan los procesos que permite la renovación periódica de los poderes públicos.

Y eso no es una buena noticia para nadie, pues quiere decir que, lejos de contar con una clase política comprometida con los más altos valores de la democracia, lo que tenemos en México –y en Coahuila– es una camarilla integrada por individuos cuyo objetivo no es construir un sistema que realmente represente los intereses de los ciudadanos, sino beneficiarse personal y grupalmente por la conquista del poder.

Perseverar en esta conducta no solamente nos alejará cada vez más de la posibilidad de vivir en una sociedad democrática, sino que al final nos pasará una factura crecientemente alta.