Con la entrada en vigor del “Protocolo de Actuación de Operativos de Inspección, Supervisión, Verificación y Revisión de Hoteles, Moteles y Casas de Hospedaje”, este gremio va por un “borrón y cuenta nueva” en aplicación de procedimientos.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que las autoridades solían llegar de madrugada, colocaban sellos en las habitaciones con los huéspedes adentro, no se identificaban  y afectaban las instalaciones.

Esto generó que varios hoteles (2 de Cd. Acuña, 2 de Monclova, 1 de Frontera, 2 de Saltillo y 1 de Piedras Negras) presentaran una denuncia por daños derivados de los operativos, con costos de hasta 5 mdp.

Dijo que el caso más agresivo fue en un hotel de Torreón, y el monto de los daños, nada más en ese hotel, se llegó a los 400 mil pesos.
Con este Protocolo “pusimos un orden, se impone un ‘hasta aquí’. Este es un trabajo de casi más de 8 a 9 meses de ponerse de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia en el Estado, y ese protocolo ya se publicó el 13 de mayo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, dijo.

La nueva normativa define horarios para operativos, con responsables de los mismos y pago por daños, además que deben de informar qué cuartos son los que van a revisar y por qué motivos.

De acuerdo con lo que señala el Periódico Oficial, todo operativo deberá ser realizado previo acuerdo con el Agente del Ministerio Público que se encuentre a cargo de la carpeta de investigación. Se deberá designar al servidor público que ejecute el operativo e informar el motivo, alcance y efectos del mismo al responsable del hotel, motel o casa de hospedaje.

Sin embargo, aclaró que cuando exista un delito flagrante no se requerirá de oficio de comisión. Pero en cualquier intervención se debe identificar el personal de la PGJE, y en ningún momento se pedirán datos personales de los dueños o socios del establecimiento.

Además los servidores públicos no podrán ingresar a las habitaciones de huéspedes que no se encuentren enunciados en  las líneas de investigación; asimismo, sus acciones deben apegarse a este ordenamiento y no irrumpir de forma violenta, ni causar daño a las instalaciones, salvo que se justifique el uso de la fuerza, entre otras cosas.

Asimismo en la publicación también queda claro que de ejecutarse alguna acción irregular que violenta la espera de las prerrogativas humanas y materiales de las instalaciones, trabajadores, huéspedes y demás personal que se encuentre en el lugar de los hechos, se dará inicio a los procedimientos administrativos de responsabilidad y/o disciplinarios correspondientes.

Con este Protocolo pusimos orden, se impone un ‘hasta aquí’. Este es un trabajo de casi más de 8 a 9 meses de ponerse de acuerdo con la Procuraduría General de Justicia en el Estado, y la normativa ya se publicó el 13 de mayo en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado”.