En México se necesita la Clave Única de Registro de Población (CURP) para el registro a la vacunación contra la COVID, sin embargo, esto excluye a una gran parte de la población que no cuenta con este documento, y por lo tanto pone en riesgo la salud pública, advirtió la Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, una coalición de más de 30 organizaciones y albergues en México y Centroamérica.

“La vacuna de COVID-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad (…) Hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante, mexicana deportada, binacional que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una apostilla, indígena migrante interna, y a aquella que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de su acta de nacimiento”, señaló Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, en representación de la Alianza.

La Alianza es liderada por el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y Amnistía Internacional.

De acuerdo con las organizaciones, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha dado a conocer ningún programa de acceso a vacunas para quienes no cuentan con la CURP.

También expusieron que las autoridades mexicanas no han garantizado el acceso efectivo a la salud y a medidas de detención del contagio para la población migrante que cruza por el territorio.

Estas fallas en la atención de la población migrante y deportados, se presentan también en otros países de Centroamérica como Guatemala, El Salvador y Costa Rica.

“El acceso a la vacuna (…) debe ser provista sin discriminación. No es una prerrogativa, se trata de garantizar el principio de igualdad de condiciones”, dijo Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador.

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