La información que llega desde la Región Carbonífera de Coahuila habla de una crisis causada por la depresión de su economía. ¿La causa?, de acuerdo con casi todas las voces, el desplome en la adquisición de carbón, a pequeños propietarios, por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

Es preciso, al reproducir el diagnóstico, resaltar el señalamiento relativo a que el problema no es que la paraestatal haya dejado de comprar carbón, o que su demanda del mineral sea menor a la del año pasado. El problema sería otro: le compra mucho menos que antes a los pequeños productores.

La historia no es sencilla de comprender ni explicar: una serie de acuerdos y “reglas no escritas” -cuyas motivaciones han sido, sobre todo, políticas- crearon un “modelo” de producción y comercialización de carbón mineral que implica la existencia de dos grupos de productores-comercializadores: uno grande, altamente tecnificado y organizado en un gran conglomerado empresarial, y un segundo integrado por todos los demás.

Pero el de “los demás” no es un grupo homogéneo: allí se mezclan propietarios de tierras, poseedores de permisos, “coyotes”, así como empresarios de casi todos los tamaños -no pocos de ellos convertidos en políticos- quienes luchan entre sí para obtener una rebanada -o al menos las migajas- del pastel que reparte, sobre todo, el monopolio estatal responsable de producir electricidad.

Unos -los más grandes- pueden negociar directamente su producción con la CFE o con la industria siderúrgica; los demás dependen de una “empresa” creada por el Gobierno de Coahuila -la Prodemi- para comercializar el mineral que extraen de las entrañas de la tierra.

Este grupo de productores, que es el más grande, es del que depende en buena medida la derrama económica que da vida a la Región Carbonífera, a pesar de que sólo se les compra un porcentaje pequeño del mineral empleado diariamente en la generación de energía eléctrica.

La informalidad del “modelo” creado para la comercialización de carbón producido por pequeños empresarios ha dado lugar a la crisis que hoy vive la Región y obligado al Gobierno de Coahuila a convertirse en agresivo cabildero ante la CFE para lanzarle un “salvavidas” a la región mediante la adjudicación de un contrato extraordinario a la Prodemi.

Pero incluso si el Gobierno de Coahuila tiene éxito en la gestión -que podría concluir mañana- y logra que se apruebe un “contrato urgente” por 100 mil toneladas de carbón, se tratará sólo de una solución contingente que no resolverá la crisis de la Carbonífera.

La solución de fondo es una que necesariamente debe poner sobre la mesa la discusión sobre alternativas para la diversificación de la economía regional y la definición de un período de transición que la haga dejar de depender de la explotación del carbón.
Por lo pronto el “salvavidas” puede ser suficiente. Pero lo será apenas por unos meses, tal como ocurrió con la más reciente licitación aprobada por la CFE. ¿Y después?