Un acierto indiscutible de este gobierno es haber logrado el nombramiento de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Ahora hay que hacer la reforma procesal penal segunda versión. Sin ella, el compromiso de Gertz Manero con la ley y el orden se va a convertir en misión imposible.

Gertz ha empezado a emprender acciones penales que en otros sexenios solo surgían por razones políticas. Hoy, en cambio, no hay empresario, —por grande que sea— o político, —por apalancado que esté— que se sienta intocable. Hay procesos de casos que pueden considerarse paradigmáticos pues demuestran que Gertz no solo sabe lo que hace, sino le imprime eficiencia a una burocracia mal acostumbrada a vender impunidad.

No doy nombres de las personas acusadas en este sexenio para no atentar contra el principio de presunción de inocencia. El punto está hecho. A Gertz no le tiembla la mano y está extendiéndola hasta Europa o donde se encuentren los que tienen deudas con la justicia.

El punto que me falta y me preocupa es señalar que la justicia mexicana ya tiene un gran fiscal general, pero la ley penal está tronada. El Fiscal General la debe cumplir, pero también puede sugerir se reforme la reciente reforma, porque nos puso en el peor de los dos mundos.

Debemos recordar que el Código de Procedimientos Penales que ahora rige para toda la república se inició en el sexenio de Felipe Calderón y fue hasta el sexenio de Peña Nieto que fue terminado. Las intenciones fueron excelentes, pero el resultado práctico nefasto.

Copiamos varios principios del sistema anglosajón que es extremadamente riguroso. Pongo un ejemplo: una persona es detenida durante un asalto a mano armada. Si los policías no pueden etiquetar el arma y se pierde “la cadena de custodia”, esa persona saldrá libre, aunque existan testigos en su contra.

En pocas palabras los llamados tecnicismos están permitiendo que docenas y docenas de delincuentes queden libres. Los jueces no tienen alternativa. Casi cualquier error de los fiscales se considera irreparable y una violación del debido proceso.

No hay duda que esta reforma aumentó las protecciones legales a los criminales y dejó a las víctimas desprotegidas. Como me recomendaba un prestigiado maestro: evita buscar justicia por la vía penal, ya que enajenas tu acción legal y la pones en manos del Ministerio Público.

La otra falla del proceso penal actualmente vigente es la tardanza de los procesos y como todos sabemos la justicia tardía es justicia denegada. Los penales están saturados porque hay internos que tienen años sin recibir una sentencia.

Sería bien visto que el Fiscal General de la República armara un equipo pequeño de expertos que empezara a buscar una solución a la justicia mexicana empantanada. Imaginemos que algunos de los sonados casos reciban sentencias condenatorias para que años después un amparo ordene la liberación por fallas en la presentación de pruebas. Sería un golpe enorme a la credibilidad de nuestro país.

Para acelerar los procesos, sugiero empezar con mejorar las notificaciones entre juzgados y penales usando medios electrónicos. He visto pantallas en un penal que no funcionan. O la conexión de internet es tan lenta y poco confiable que no se usan. Pareciera que ni el fax se ha inventado. Por valija, una notificación entre Morelia y el penal de alta seguridad en Hermosillo puede tardar un mes en ir y venir.

La justicia expedita debe ser una prioridad. El problema no es de dinero, sino de reglas claras, de procesos inteligentes y de imponer un sistema de comunicaciones internas rápido y confiable.

Un sistema de justicia ineficaz funciona como una invitación al crimen. En materia civil, mercantil, laboral y administrativa es una invitación a incumplir contratos. Así ningún país puede prosperar. El problema no de pesos, sino de sesos. Ya no diferir la reforma de la reforma.

javierlivas@infinitum.com