La reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un “retroceso” para México y se esperarán alza de precios en el servicio; mientras que es violatoria del Tratado de México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) por cambiar condiciones regulatorias, las inversiones en el sector se vuelven inviables pues sostuvo el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al usar combustibles ineficientes y contaminantes, la CFE provocará que haya mayores tarifas para los usuarios y mayores subsidios a los consumidores. “Las finanzas de la CFE se verán perjudicadas, al eliminarse el incentivo para que el sistema compre primero la electricidad más barata, destruyendo la eficiencia derivada de la competencia entre productores. Se destruye el incentivo a crecer en la generación a partir de fuentes renovables dado que el esquema vigente, que la reforma busca derogar, ofrece mejores utilidades a los generadores que utilicen fuentes menos contaminantes”, señaló.

Además, afirmó, es violatoria de las disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás.

El 29 de enero de 2021, el titular del Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados en calidad de preferente una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas Disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), cuyo espíritu es eliminar el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) con una serie de cambios regulatorios para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de los productores privados.

“De aprobarse no solo iría en contra de las disposiciones constitucionales vigentes promulgadas durante la administración anterior, sino que sentaría un precedente peligroso para las inversiones en el país y la economía mexicana al atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho”, advirtió el organismo privado.

Refirió que la modificación a la industria eléctrica tendrá repercusiones negativas sobre las finanzas públicas, el medio ambiente y los consumidores mexicanos al encarecer el sistema eléctrico y al destruir los prospectos de generación barata y limpia.

“No es congruente con la Constitución ni con los tratados comerciales internacionales, específicamente con el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). Además, alejaría al país de la senda de la transición hacia una mayor generación de energías limpias al promover el incumplimiento del Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética”, acotó el IMCO.