Nadie tiene duda que México necesita mejorar su sistema educativo, que representa la mejor vía para la movilidad social, la vida democrática y el desarrollo. Esta convicción, reforzada por los magros resultados de aprendizaje del sistema educativo nacional (SEN), obligó al Estado a diseñar una reforma educativa (RE) enfocada a cumplir con el mandato constitucional de ofrecer a todos una educación de calidad. Aunque el artículo 3º constitucional no define este término, sí se refiere a él como la condición necesaria para que los escolares logren el máximo aprendizaje posible. 

La RE hace énfasis en aspectos que se desean cambiar, pero a su vez omite referirse a otros o se refiere a ellos de manera tangencial. La RE centra su atención en dos aspectos: la evaluación del SEN, a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y la profesionalización de la función docente, a cargo de la Coordinación del Servicio Profesional Docente (CSND). La RE tiene muchos adeptos, pero también tiene detractores. 

Quienes favorecen la RE destacan sus fortalezas: 1) le da autonomía al INEE, que norma las evaluaciones y emite directrices para la mejora educativa, 2) crea el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, espacio donde se coordina la evaluación educativa del país, 3) crea la CSPD, quien se encarga de evaluar y formar a los docentes, 4) ordena el ingreso, promoción y reconocimiento de los profesores a través de concursos abiertos y transparentes; 5) considera la formación y superación de los docentes como la mejor vía para asegurar el máximo aprendizaje de los estudiantes, incrementar el salario a los docentes; 6) contempla el acompañamiento al profesor en su desarrollo profesional y el apoyo a las escuelas en su gestión, a través de tutores y del Sistema de Asesoría Técnica a las Escuelas; 7) enfatiza la importancia de las escuelas para lograr los fines y propósitos del SEN; y, 8) se crea el Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE) que busca mejorar el funcionamiento administrativo del SEN. 

Quienes están en contra de la RE enfatizan que: 1) se pone excesivo énfasis en la evaluación del profesor y muy poca atención a la capacitación del docente; 2) omite tomar en cuenta componentes esenciales del SEN, como serían los contenidos y métodos pedagógicos, la distribución del gasto educativo; 3) no especifica la forma en que se atenderá la inequidad educativa, para mejorar la oferta escolar; y, 4) omite referirse a la formación inicial de los docentes. Sin embargo, las críticas más fuertes de la RE se centran en la “estandarización” de las evaluaciones y en las consecuencias negativas para los docentes que rehúsan evaluarse y para quienes no acreditan las evaluaciones. 

Finalmente, hay que señalar algunas consecuencias negativas que ha ocasionado el rechazo a la implementación de la RE: 1) se ha responsabilizado y estigmatizado al docente por el fracaso educativo; 2) grupos del magisterio, que han sentido afectado sus intereses, han ocasionado: la protesta callejera, la confrontación entre docentes y autoridades, la pérdida de muchos días de clases, la sustracción y quema de exámenes, amenazas contra evaluadores, agresiones contra docentes evaluados, acciones legales contra profesores de la CNTE y el uso de la fuerza pública (en Oaxaca); y, 3) ha crecido el número de docentes y académicos que se expresan en contra de la RE. 

En síntesis, lo bueno de la RE es su propósito: el mejoramiento de los servicios educativos que se ofrecen en el país; lo malo es que no abarca todo el universo que pretende cambiar, pues omite referirse a ciertos componentes esenciales del SEN; lo feo son las consecuencias indeseables de su implementación, como son las agresiones físicas entre los mismos maestros. 

Corolario: toda reforma es perfectible y la RE no debe ser la excepción.