Mientras que los cinco pilares sobre los que avanzará la iniciativa de reforma para la tercerización se han establecido, especialistas laborales coinciden en que la propuesta puede ser limitada para las micro y pequeñas empresas, además de que en términos de sanción, las autoridades han sido “permisivas y poco orientadas a vigilar las prácticas ilegales”, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

El eje de la reforma se centra en cinco aspectos: registro nacional, fortalecimiento de la figura de las inspecciones, subcontratación acotada, especialización y transparencia en contrataciones. Leñero comentó que desde el CEEF se respaldan los dos primeros puntos, pues la subcontratación representa una plataforma para pasar de la informalidad a la formalidad en contratación, pero para lograr ese objetivo la “vigilancia por parte de las autoridades y la debida sanción son fundamentales, prácticas que hoy son ausentes”.

Aseveró que el desafío se observa en los apartados tres, cuatro y cinco, referentes a que no se podrá abarcar la totalidad de las actividades de una empresa al tercerizar, sino que las contrataciones por subcontratación deberán justificarse por tareas especializadas.

En México, existen cerca de 4.2 millones de MiPymes, las cuales contribuyen con alrededor del 52% del PIB y generan el 70% del empleo formal, para lo que el directivo señaló que “no realizan contrataciones masivas, sino que quieren cubrir cierto número de vacantes a través de un solo esquema.