Por Eréndira Aquino/@ere_aquino

El pasado 16 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una nueva Ley de Cultura Cívica que sanciona administrativamente la “prostitución”, lo que para trabajadoras sexuales y académicas es una medida regresiva, que discrimina a quienes ejercen dicho oficio y las coloca en situaciones de riesgo.

Ante los señalamientos de la regresión en el reconocimiento de derechos a las trabajadoras sexuales, realizados por distintas organizaciones como el Centro de Apoyo a Identidades Trans y la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (AMETS), quienes desde 2014 tienen el reconocimiento de “trabajadoras no asalariadas” en la Ciudad de México, el gobierno capitalino decidió dar marcha atrás a esta legislación.

Trabajadoras sexuales y académicas, como Marta Lamas y la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Claudia Torres, consideran que es necesario regular el comercio sexual; sin embargo, coinciden en que es necesario que las leyes y políticas públicas que se generen en esta materia tengan como objetivo mejorar las condiciones de seguridad en las que se llevan a cabo estas actividades, y no con su criminalización.

Mujeres pobres, las más vulnerables

La académica feminista Marta Lamas explica que la regulación del trabajo sexual en la Ciudad de México tiene su origen durante el gobierno de Ernesto P. Uruchurtu, en la década de los años 50, cuando se dio el cierre de diversas casas de citas, y continuó en los 80, cuando el regente Enrique Jackson propuso el reconocimiento de puntos en los que las mujeres tenían permitido ejercer la prostitución.

Fue a partir del 2000, cuando se aprobó el Protocolo de Palermo contra el tráfico de personas, de drogas y de armas, que la narrativa en la legislación del trabajo sexual cambió, pues, de acuerdo con Lamas, “se mezcló de manera indiferenciada la trata con el comercio sexual, lo que generó preocupación por que este diera pie a la explotación, aunque hay investigaciones salidas que demuestran que hay una barrera muy clara entre una y otra práctica”.

En opinión de la académica, lo que la Ciudad de México necesita es que se formulen leyes que distingan la trata de personas del trabajo sexual, porque con la prohibición a quienes se vulnera son a las mujeres más pobres, quienes no cuentan con un lugar privado desde el cual prestar sus servicios y tienen que ofrecerlos en la calle y pueden convertirse en víctimas de extorsiones por parte de autoridades que regulan el espacio público.

Además, recordó que, desde 2014 una jueza concedió un amparo a un grupo de trabajadoras sexuales, y determinó que estas tenían que ser reconocidas como “trabajadoras no asalariadas” por el gobierno capitalino, con lo que se les reconocen derechos como el de acceso a servicios médicos y a recibir capacitaciones en actividades técnicas para “elevar su nivel de cultura y propiciar su mejoramiento integral”.

Por ello, la académica considera que la aprobación de la nueva Ley de Cultura Cívica por parte del Congreso de Ciudad de México “va contra una disposición judicial”.

Castigar el trabajo sexual, un acto de discriminación

La investigadora Claudia Torres, integrante del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE, señala que lo que sugirió el Congreso “no es hacer de la prostitución un delito, pero al tipificarla como una falta administrativa se regula desde un contexto de discriminación, porque se suspenden derechos que ellas trabajadoras sexuales habían ganado desde 2014”.

Desde entonces, recordó Torres, el gobierno capitalino está obligado a reconocerlas como trabajadoras y a credencializarlas, lo que implica también la protección de sus derechos a beneficios sociales, mismos que no pueden ser “suspendidos sin explicación”, debido a que la decisión del Congreso se hizo sin la participación de las mismas.

“Esta es una reforma regresiva, por lo menos en lo que tiene que ver con derechos económicos y sociales asociados con el régimen de trabajo no asalariado”, explica.

Para la académica, este tipo de regulaciones son discriminatorias, porque “perpetúan la idea de que las trabajadoras sexuales son objetos de regulación y no sujetos de derecho, lo que las coloca en una situación desigual, sin mecanismos de defensa”.

Además, incentiva que las trabajadoras sexuales se escondan, al igual que los clientes, llevando esta actividad a una clandestinidad que resulta peligrosa para ellas.

Regulación y despenalización, la propuesta de trabajadoras ... Lee la nota completa en Animal Político