Una reducción de 20 mil 615 millones de pesos en el presupuesto para la transición energética del País para el próximo año es lo que se plantea en el presupuesto del 2021, esto al ejercer 8 mil 468 millones de pesos, cuando en 2020 superó los 28 mil millones en la materia.

Pemex, en este rubro recortará 42.1 millones, al proponer sólo 35 millones para 2021; la Secretaría de Energía pasará de un presupuesto de 498.3 millones en 2020 a 249.1 millones para el siguiente año fiscal.

De igual manera, Medio Ambiente reduce inversión en la estrategia, luego de que en este año se programaron 2 mil 745 millones de pesos y para 2021 sólo se solicitan mil 784 millones.

Energías renovables en México tienen potencial, pero se requieren reglas claras

Las decisiones que en materia de energía limpia ha tomado el gobierno actual han generado inconformidades de diferentes actores.

A partir de este año 2020, México está obligado a través del Acuerdo de París a reducir las emisiones del sector industrial generando el 35% de energía limpia en el 2024 y el 43% a más tardar en el 2030, además de que se comprometió a reducir en un 22% la emisión de gases de efecto invernadero y en 51% las emisiones de carbono negro.

De acuerdo con los especialistas consultados, si bien esas metas parecerían difíciles de alcanzar, esto no tendría por qué ser así, ya que el enorme potencial que tiene en el país en materia de energía solar y eólica da para eso y más, sin embargo, se requieren reglas claras a nivel gobierno para que las inversiones se consoliden.

En entrevista para El Economista, Luis Sierra Barragán, director ejecutivo de la iniciativa de energía del Tecnológico de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, considera que en lo que va de la presente administración se ha frenado la entrada de nuevas inversiones en energía renovable por lo que cumplir con el Acuerdo de Paris será complicado.

“Se ha avanzado en sentido contrario porque teníamos procesos establecidos en el marco institucional de la Reforma (energética) del 2013 en el que para incrementar la proporción de energías renovables a partir de la generación eléctrica, teníamos establecidos varios mecanismos entre ellos las subastas de generación eléctrica a largo plazo y estas lo que permitían era que se ofrecieran proyectos que iban a traer generación adicional de energías renovables sin embargo este gobierno las canceló a través del Centro Nacional de Control de Energía”, expone el catedrático.

“El argumento tiene que ver con supuesta corrupción y arreglos preferenciales para que empresas privadas extranjeras pudieran favorecerse de esto, pero la realidad es que el beneficio era primordialmente para la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, dijo Sierra Barragán.

(Con información de Reforma y El Economista)