CDMX.- En una contratación pública que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2013 mediante invitación a cuando menos tres personas, por concepto de alimentación, fueron tres empresas que pertenecen a un mismo grupo empresarial: El Sardinero.

Esta firma nace en los 90 y años más tarde genera otras empresas, al menos cinco más con participación en procesos de contratación pública que comparten administradores, representantes legales y números telefónicos.

A través de consultas a Compranet y a bases de datos privadas sobre contrataciones gubernamentales, se ha identificado que el consorcio El Sardinero, mediante seis razones sociales, ha obtenido al menos 194 contratos públicos desde 2002 a la fecha, por un monto total de 3 mil 410 millones de pesos en los últimos tres sexenios.

Además, suman una adjudicación directa en este gobierno por mil millones de pesos.

Luego de revisar convocatorias y licitaciones, proposiciones, actas de juntas de aclaraciones, aperturas y fallos de las contrataciones, se detectaron algunas irregularidades en las operaciones de esta red de empresas dedicadas a la comercialización de alimentos.

COMPITEN ENTRE SÍ

Las seis firmas son Técnicos en Alimentación, Comercializadora El Sardinero, Surtipractic, El Sardinero es Servicio, Productora Procesadora Agrícola de México y Despensas y Proviciones de Alimentos (sic).

Estas empresas participaron como competidoras entre sí, en dos licitaciones federales y en cuatro estatales. En tres procesos de adjudicación en estados compitieron contra otras firmas que no tienen relación con el giro de alimentos y despensas, por lo que estaría en ventaja competitiva.

En una licitación estatal, El Sardinero participó y ganó una partida para proveer un servicio distinto al de alimentos y despensas, en el cual no tiene experiencia, por ello se presume que se le benefició.

En 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) giró un oficio a todas las dependencias de los gobiernos federal y estatal en el que prohibió celebrar cualquier tipo de contratos con la empresa Comercializadora El Sardinero por dos años y cinco meses por inhabilitación por falsear datos en un procedimiento de licitación con el IMSS.

Menos de un año después, un juez de amparo dejó sin efectos la sanción de la SFP y se retiró a esta empresa del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Función Pública. Por cerca de un año el consorcio El Sardinero apareció en este directorio, una de las casi 2 mil empresas que la dependencia ha sancionado.

De 2004 a la fecha, la Secretaría de la Función Pública tiene mil 853 empresas sancionadas; la mayor cantidad se registró en 2010 y 2011, con 233 y 177, respectivamente. Los tres últimos años concentran 20% del total.

En los primeros años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el número de sanciones bajó considerablemente; 2014 fue el peor año con sólo 74 casos.

94 sanciones se han impugnadoDe enero a agosto de 2019 hubo 94 sanciones impugnadas en tribunales, en 63% de ellas se confirmó la sentencia, es decir, casi 40% en las que la SFP encontró alguna irregularidad quedaron sin sanción tras un proceso en órganos en materia administrativa.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, declaró en agosto de 2019 que han sancionado a 136 empresas en lo que va del año y han hecho multas por más de mil 400 millones de pesos.

Meses antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras ser cuestionado por el monopolio de La Cosmopolitana en los comedores de sistema penitenciario, precisó: “No vamos a renovar contratos con empresas que tengan mala reputación en general, ni en este caso de la venta de alimentos ni en la adquisición de otros servicios.

“Se cuida que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y honestidad en todos los casos”.

Unas semanas más tarde, en abril de 2019, Surtipractic S.A., de C.V., parte de la red de empresas de El Sardinero, recibió un contrato de la Policía Federal por los “Servicios de hospedaje, alimentación y apoyo logístico en el despliegue táctico-operativo” [de la corporación en el país] en 2019, por un monto máximo, más impuestos, de mil 275 millones de pesos.

Se han aplicado mil 853 multas

>  De 2004 a la fecha la Secretaría de la Función Pública tiene mil 853 empresas sancionadas; la mayor cantidad se registró en 2010 y 2011, con 233 y 177, respectivamente. Los tres últimos años concentran 20% del total.

>  En los primeros años del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, el número de sanciones bajó considerablemente; 2014 fue el peor año con sólo 74 casos.

>  La directora general de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas de la SFP, María Guadalupe Vargas Álvarez, explicó que del pasado 1 de diciembre al 30 de septiembre de 2019 se han emitido 284 resoluciones: 63% han sido sancionatorias, lo que representa un aumento de 42% respecto a las  realizadas en el mismo periodo del año anterior.

>  “Se está formando una cultura de la denuncia y están aumentando considerablemente”, explicó.