Del análisis de la cuenta pública 2015 se han derivado recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que son consideradas áreas clave de riesgo, asociadas al gasto en infraestructura pública, contrataciones a proveedores públicos y privados, padrones de beneficiarios de programas sociales y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

En los cuadernos de apoyo para el análisis del informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública se indica que, al primer trimestre del presente año, se habían obtenido mil 435 millones de pesos, procedentes de recuperaciones a las observaciones del gasto público.

No obstante, quedaban por aclarar 63 mil 422 millones de pesos que constituían recuperaciones probables, las cuales sólo pueden hacerse válidas si los entes auditados no presentan la documentación comprobatoria del gasto observado.

Así, la Unidad de Evaluación y Control (UEC), de la Cámara de Diputados, refiere que el gasto en infraestructura y obra pública presenta vulnerabilidades, debido a las cantidades de recursos invertidos.

Es decir, los contratos firmados con proveedores privados son tan complejos y altamente técnicos que dificultan su concepción y monitoreo. A esto se suman las limitaciones en capacidad de análisis de los entes públicos que comisionan las obras.

Un ejemplo de tal opacidad se encuentra en las asociaciones público privadas (APP), pues su naturaleza no permite verificar que la determinación de los precios ofertados de maquinaria, mano de obra y equipo sea consistente con los valores del mercado, así como cuantificar o desagregar los elementos que integran el costo total del proyecto. Una vez que estos proyectos se ponen en marcha, el pago de mantenimiento y la operación de los inmuebles tampoco son susceptibles de medirse, ni es posible cerciorarse que los trabajados efectuados sean los requeridos.

El ente fiscalizador refiere que un problema del Sistema Educativo Nacional es el deterioro y la insuficiencia de infraestructura física y equipamiento en las escuelas públicas de educación básica, materializada en la falta de electricidad, agua potable, instalaciones hidrosanitarias funcionales, y acceso a las tecnologías de la información y comunicación, lo que crea condiciones poco favorables para el proceso de enseñanza aprendizaje.

Otro problema en materia de obra pública es el de los retrasos considerables. Por ejemplo: la construcción del túnel emisor oriente, que comenzó el 13 de agosto de 2008 y debió concluirse a mediados de 2012; sin embargo, hasta diciembre de 2016 el avance era menor a 70 por ciento y se prevé concluir trabajos a mediados de agosto de 2018; el proyecto carretero Acayucan-La Ventosa, con longitud de 182 kilometros entre los estados de Veracruz y Oaxaca. Se inició en 2006, a diciembre de 2016 tenía 80 por ciento de avance y se prevé que finalice en 2017.

Por lo que se manifiesta en el documento, las contrataciones con entidades del sector público se han convertido en una práctica indebida, con la finalidad de evadir los controles contemplados en los procesos de licitaciones públicas, y que sigue siendo tolerada por las autoridades.

Es el caso de algunas universidades públicas (el documento no aporta nombres) que no acreditan que contaban de manera anticipada con los recursos humanos, materiales y técnicos para desempeñar su papel de proveedor.