BUENOS AIRES.- La tensión social recrudeció en Argentina luego del anuncio del gobierno del presidente Mauricio Macri sobre las políticas represivas que pondrá en marcha para evitar todo tipo de manifestación pública.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó esta semana, y de manera amenazante, los alcances que tendrá el nuevo protocolo de seguridad que pone en riesgo los derechos constitucionales a la protesta y la libertad de prensa.

Bullrich advirtió que cuando un grupo de manifestantes cierre vialidades “les vamos a dar cinco o diez minutos, les vamos a decir que se vayan por las buenas, y se van o los sacamos".

El protocolo permitirá que la primera línea de efectivos policiales cuente con “armas no letales” que no se especifican, lo que es peligroso porque hay múltiples casos de la manera indiscriminada e irresponsable conque las fuerzas disparan balas de goma, por ejemplo.

El último caso se registró hace tres semanas, cuando miembros de la Gendarmería le dispararon a un grupo musical de un barrio pobre, dejando heridos de bala de goma a adultos y niños, situación que la ministra Bullrich pretendió negar pese a la evidencia de videos y fotografías.

Además, el nuevo protocolo obliga a que los periodistas cubran las manifestaciones en donde les ordene la policía, lo que viola flagrantemente la libertad de prensa, ya que muchas veces el trabajo periodístico es el que termina demostrando los abusos de las fuerzas de seguridad.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), uno de los organismos de derechos humanos de Argentina más respetados a nivel mundial, advirtió que esta política pone en juego aspectos esenciales de la democracia.

Indicó que su aplicación afecta los derechos a la vida, a la integridad, de reunión, de petición a las autoridades y la libertad de expresión.

“El gobierno considera que las protestas sociales deben ser abordadas como un problema de seguridad y, por lo tanto, la primera respuesta del Estado a los reclamos en la calle la darán las fuerzas de seguridad”. indicó el CELS.

“En nuestro país, el corte de calles y la ocupación de espacios públicos tienen una larga tradición como método de lucha social”, recordó.

Pero “también tenemos una larga historia de represiones a protestas sociales en las que las fuerzas de seguridad asesinaron a muchos manifestantes o los hirieron gravemente”, agregó .

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) consideró a través de un comunicado que el texto es poco claro respecto al trabajo de los medios de información, ya que no establece qué podría ocurrir en caso de que un equipo de prensa no acate las órdenes coyunturales ni determina quién las dispondría.

Las restricciones que establece el protocolo “podrían significar un posible condicionamiento y un enfoque sesgado de las coberturas periodísticas si se obliga a medios a permanecer en un único espacio de trabajo", agregó.

Más allá de que los periodistas no deben obstaculizar los operativos de las fuerzas de seguridad, agregó “Fopea considera que ninguna disposición debe violentar el derecho a informar libremente, según la visión que cada medio tenga del conflicto que se desarrolle".