Ni Gobierno del Estado ni el Ayuntamiento de Saltillo han dado el apoyo, que por ley es obligatorio para mantener los refugios en Coahuila. Rosa María Salazar Rivera, directora de la Fundación Luz y Esperanza, señaló que debido a los gastos del centro donde apoyan a las mujeres víctimas de violencia, ya les cortaron el suministro del agua y deben la nómina de los empleados de dos meses. 

Explicó que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia sufrió una modificación en octubre del año pasado en un artículo, el cual decía anteriormente que Gobierno del Estado y los Municipios podían financiar a los refugios. 

Sin embargo, la misma legislación que contempla que el Gobierno municipal y estatal deberán de ponerse de acuerdo para financiar a los refugios en la época en la que no tienen recurso, como los son durante enero, febrero, marzo y abril, que es cuando no cuentan con financiamiento. 

“Desafortunadamente este caso no lo incluyeron en el presupuesto. Se platicó con el Gobierno anterior y ellos ofrecieron que dejarían un instrumento para que ese recurso se tomara en cuenta. Posteriormente, solicité por un oficio al Gobernador del Estado y al presidente Municipal una cita para explicar ese asunto y hasta este momento no he tenido la audiencia tal cual la pedí”, señaló Salazar Rivera. 

Sin embargo, la directora del refugio de atención a las mujeres maltratadas coincidió en un evento con el alcalde Manolo Jiménez, quien le dio la instrucción a su secretario particular de que atendieran el caso a través del secretario del Ayuntamiento, aunque “de eso ha pasado más de un mes y no hay respuesta”, dijo la directora de la Fundación Luz y Esperanza. 

En otro evento también coincidió con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien le respondió que el asunto sería tratado mediante el Secretario General de Gobierno, aunque no ha habido respuesta favorable.