CDMX.- Organizaciones del colectivo #Seguridadsinguerra acusaron que personal del Senado les quitó 120 mil firmas en papel que llevaban para solicitar que se eche atrás la Ley de Seguridad Interior.

La senadora Angélica de la Peña (PRD) expresó: “Exhorto al senador Ernesto Cordero a que se les regrese a las organizaciones las hojas con firmas que llevaban cuando pasaron el registro [en el Senado]; me parece verdaderamente grave que este tipo de cuestiones sucedan”.

La perredista dijo que los documentos no tienen cianuro en las hojas para que alguien se envenene.

Mientras, afuera del Senado activistas encabezados por el padre Alejandro Solalinde y Gerardo Fernández Noroña bloquearon casi 4 horas los accesos para exigir que se suspenda la discusión de la Ley de Seguridad Interior, que en su opinión “militariza” al País.

Sentados sobre el pavimento de las calles Madrid, Paris y Antonio Caso, manifestantes impidieron el paso de vehículos, trabajadores y senadores, quienes fueron recibidos con reclamos y rechiflas.

Las protestas provocaron que se suspendiera sesión solemne a la cual estaban invitados embajadores y el titular de la SRE, Luis Videgaray.

También se suspendio la comparecencias de los candidatos a titular de la FEPADE.

El padre Solalinde expresó que los diputados aprobaron una ley al vapor, sin reflexión ni lectura, y advirtió que lo mismo harán los senadores.

Ayer el Senado de la República dio entrada a la minuta que fue turnada a las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional, y de Estudios Legislativos Segunda, por lo que en los próximos días comenzará su dictaminación.

Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, aseguró que es necesario acordar la ruta y metodología para escuchar las voces que se han manifestado en favor y en contra respecto a la ley.

VE ONU RIESGOS
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió al Senado de la República rechazar la ley que validaría la participación de las Fuerzas Armadas en labores policiacas.

“La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta”, señaló en un comunicado.

Añadió: “El proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley”.

Concretamente, inquieta a Ginebra el hecho de que en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las Fuerzas Armadas.

También preocupa la falta de apropiados controles y mecanismos de supervisión, así como la ausencia de un marco legislativo que prevenga el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza.

Igualmente teme que la Ley de Seguridad Interior conduzca a un recrudecimiento de las violaciones a los derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.