GUATEMALA.- Javier Duarte rechazó este miércoles, en una audiencia ante un tribunal, la opción preliminar de “allanarse” para ser extraditado a México y, con la condición de conocer primero la solicitud formal de extradición que el gobierno mexicano remitirá a Guatemala, se reservó el derecho de acogerse después a un trámite expedito para ser repatriado y sometido a la justicia de su país por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, en el piso 11 de la Torre de Tribunales, el exgobernador de Veracruz dijo que “en este momento no puedo allanarme, sino hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría.

“Esto no quiere decir que no lo vaya a hacer (a allanarse), sino que me reservo ese derecho hasta que llegue la solicitud formal de extradición y una vez siendo evaluada por la defensoría que está a cargo de este caso, pueda determinar el que me pueda allanar, por lo cual en este momento me reservo este derecho hasta que llegue la solicitud por parte del gobierno mexicano de la solicitud de extradición”, contestó Duarte de Ochoa.

El exmandatario hizo el anuncio luego de escuchar un abultado recuento del fiscal guatemalteco José Galdámez, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de Guatemala, sobre los supuestos delitos que cometió como gobernador de Veracruz, de 2010 a 2016.

La lectura de todos los delitos y propiedades adquiridas de manera presuntamente ilegal se llevó más de 30 minutos.

Llevaba 6 meses en Guatemala. Llamó la atención el hecho de que cuando se le preguntó al ex gobernador cuánto tiempo llevaba en Guatemala, éste respondió: “Seis meses”.

Tras consultar a puertas cerradas con sus abogados defensores guatemaltecos, Óscar Hassán y Amarilis Navas, en un receso de la vista judicial en la que estuvieron presentes dos delegados de la embajada de México en Guatemala, Duarte reveló su determinación frente a la vía de allanar o la de rechazar la extradición y abrir una fase con fecha incierta.

García pidió a la Cancillería de Guatemala que notifique al gobierno de México que dispone de 60 días para presentar la petición formal. 

“Si en ese plazo (México) no cumple, se revocarán las medidas” contra Duarte de Ochoa, advirtió al finalizar la audiencia, que empezó a las 13:34 horas locales (14:34 en el centro de México) y concluyó a las 15:54, en una sala repleta de periodistas.

Las acciones sobre el exmandatario, recordó García, fueron dictadas desde su detención en respuesta a una petición de arresto provisional con fines de extradición presentada por el gobierno de México a las autoridades de Guatemala y remitida a la justicia local.

Al ratificar que Duarte de Ochoa seguirá preso en Matamoros, García explicó que el plazo comenzará a correr al día siguiente de que la Cancillería notifique del acuerdo oficial a la embajada de México en Guatemala.

El juez ordenó que el detenido estuviera sin grilletes en la comparecencia y que el mexicano Pablo Campuzano de la Mora, descrito por Hassán como “el abogado que está defendiendo al ex mandatario en México”, sea sólo observador, sin voz ni voto ni asesoría.

Preparan solicitud formal
La Procuraduría General de la República (PGR) prepara la solicitud formal de extradición de Duarte de Ochoa al gobierno de Guatemala, en términos de la legislación de ese país y del tratado bilateral, para lo cual revisa todas las investigaciones en contra del ex gobernador de Veracruz.

El subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, aclaró que la solicitud formal de extradición abarcará todas las investigaciones en las que haya una orden de aprehensión en contra de Duarte, para que haya “claridad y certeza jurídica” respecto de los delitos por los que será extraditado.

“Que quede claro, tenemos a Duarte, tenemos a sus cómplices o a la mayoría de ellos, ahora vamos a recuperar todo el daño que han sufrido los veracruzanos”, enfatizó. 

EL DATO
-La Procuraduría General de la República (PGR) investiga al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por el presunto desvío de 233 millones de pesos de recursos públicos mediante empresas fantasma; sin embargo, según las revisiones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), los desvíos no sólo son “históricos” sino que podrían superar los 60 mil millones de pesos.
-La Auditoría alertó al gobierno mexicano sobre las irregularidades cometidas en Veracruz desde 2012 y lo reiteró en los siguientes cinco años a través de los informes de la Cuenta Pública, sin que ninguna autoridad del gobierno federal investigara la red del entonces gobernador