Ciudad de México. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó de manera categórica “la campaña de desprestigio que tiene lugar en México” contra el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa y contra el secretario ejecutivo del organismo, Emilio Álvarez Icaza Longoria.

El organismo internacional dio todo su respaldo a los cinco expertos del GIEI y al trabajo que han venido realizando desde que iniciaron las indagatorias en torno a los hechos de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, contra los normalistas de Ayotzinapa, lo que dejó seis ejecutados, 43 estudiantes desaparecidos y varios heridos.

De igual manera a lo hizo para Álvarez Icaza, sobre quien pesa una investigación ante la Procuraduría General de la República (PGR) por un presunto fraude en perjuicio de la federación por un monto de alrededor de 2 millones de dólares (recursos usados para las investigaciones del GIEI), denuncia presentada por José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal. Y expresó absoluta confianza en la probidad de su secretario ejecutivo.

“La CIDH rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI, tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación”, enfatizó el organismo en un comunicado.

Destacó que Álvarez Icaza, en su calidad de secretario ejecutivo, firmó el acuerdo de cooperación con México y lo hizo actuando en representación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la figura de delegación de firma.

“Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas. La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el secretario ejecutivo”, aclaró la Comisión.

Por ello, expresó su consternación y consideró “inadmisible” la apertura de una averiguación previa sobre la base de dicha denuncia, “que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada”.

Recordó que el acuerdo de asistencia técnica se firmó en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y el Estado mexicano, representado por las secretarias de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación, así como por la PGR. Y fueron estas mismas instancias y personas las que dieron su aval con la selección de los cinco expertos y expertas que conformar el GIEI.

Las partes –agregó la CIDH— acordaron “la incorporación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes en materia de derechos humanos, para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano” tras la desaparición de los 43 estudiantes beneficiarios de las medidas cautelares.

“La CIDH designó el GIEI en acuerdo con el Estado y con los representantes de los estudiantes, por un periodo de seis meses y con las siguientes atribuciones: el análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas y en su caso recomendar las mejores prácticas para una investigación más eficiente; un análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre. En el transcurso de su mandato, el GIEI ha emitido cuatro informes. El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI fue presentado el 6 de septiembre de 2015. Posteriormente, a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las víctimas, el mandato fue renovado por un periodo adicional de seis meses”.

El organismo interamericano de derechos humanos refirió que el informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentados el 6 de septiembre de 2015, encontró “irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales. En particular, el GIEI cuestiona ‘la versión histórica’ de los hechos dada a conocer por el entonces titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula. Como consecuencia del trabajo y las recomendaciones emitidas por GIEI, el Estado mexicano ha señalado que se han abierto nuevas líneas de investigación, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de verdad y justicia en este caso”.

La CIDH reiteró su respaldo al trabajo realizado por los cinco expertos del GIEI, “en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas”. Y de forma categórica también dio un respaldo total al accionar de su secretario ejecutivo, “que en todo momento actuó de acuerdo a las decisiones e instrucciones de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión expresa además su confianza absoluta en la probidad de su secretario ejecutivo, opinión fundada en el conocimiento de su accionar, tanto en relación al tema específico de esta infundada denuncia como en toda su gestión a cargo de la secretaría ejecutiva de la CIDH”.