CDMX.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) solicitó una audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de analizar las repercusiones de la regularización de vehículos ilegales que anunció el 27 de junio en Baja California.

Mediante un oficio dirigido al titular del Ejecutivo, refirieron que la introducción y comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos sin cumplir las formalidades del procedimiento aduanero “es un delito que se ha pretendido resolver sin éxito mediante disposiciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, tal como lo acredita la existencia de 19 procesos de regularización en el periodo de 1979 a 2011”.

En un comunicado, AMDA destacó que la importación de vehículos usados es factible de conformidad al Decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado, por instrucciones del propio Presidente, en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de diciembre de 2020.

Al margen de la buena fe en la que pudieron incurrir quienes poseen vehículos ilegales, agregó AMDA, no podemos dejar de observar que la introducción y comercialización de los mismos es un delito que beneficia a organizaciones criminales.

“En los actos criminales es notoria la utilización de vehículos con condiciones mecánicas que les aseguren su objetivo y proceden generalmente del robo de unidades de modelo reciente que son fácilmente desechados después de su uso”, aseguró AMDA.