En Coahuila, uno de los gobiernos en funciones más cuestionados es el que encabeza Ramiro Pérez, alcalde de Parras de la Fuente.

En otras palabras, quienes ocupan los asientos del Congreso constituyen nuestra voz y su actividad cotidiana está orientada a responder a nuestros intereses, pues justamente para ello les elegimos.

Desde su llegada al poder, el morenista ha sido cuestionado por su propio Cabildo ante acciones que podrían considerarse, por decir lo menos, como irregulares.

Todo esto toma relevancia debido al reporte periodístico que publicamos en esta edición sobre la denuncia presentada en contra del edil parrense, quien está obligado a comparecer este miércoles ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Pérez, como fue el caso de sus antecesores en el cargo, ha ido coleccionando acusaciones como actos de nepotismo, usurpación de funciones, desvío de recursos, entre otras.

El alcalde morenista es integrante de esa variopinta clase política que se tiene en la entidad, que ha acumulado señalamientos aun estando en funciones.

Desde ser acusado por dar empleo a su pareja sentimental y a tres familiares de ésta, incrementarse el sueldo sin tener el debido aval de regidores, hasta destituir ilegalmente a 10 integrantes del Cabildo, son parte de la carta de presentación de la gestión de Pérez.

No deja de ser llamativo que esta investigación y comparecencia obligatoria se da cuando Pérez Arciniega aún está en funciones de su cargo al que fue elegido.

En los últimos años hemos visto un desfile de casos de exfuncionarios acusados por malos manejos en sus administraciones.

Sin embargo, todos estos expedientes se dieron cuando los acusados ya no ostentaban algún cargo público.

Si bien toda persona es inocente hasta que no se compruebe lo contrario, es saludable para la democracia en Parras y Coahuila que se investigue toda esta ola de señalamientos en contra del Presidente Municipal.

En anteriores casos hemos visto que la justicia anuncia, con bombo y platillo, procesos en contra de exfuncionarios, pero hoy en día ninguno de los acusados está pagando con prisión las presuntas tropelías que habrían cometido.

Habrá que estar pendientes si en este caso, de ser ciertas las acusaciones, la corrupción en una administración pública de la entidad es castigada con los instrumentos legales que se han ido afianzando en últimas fechas, con un Sistema Anticorrupción que se ha aceitado en la teoría, pero que hasta ahora en la práctica no ha sido de la misma manera.