Estados Unidos es el país de las demandas civiles por daños y perjuicios, lo que en México se llama daño moral. El daño moral es una afectación que puede estar desligada del daño patrimonial, que aqueja espiritualmente al ofendido y le genera un trastorno psicológico. Hay casos en que los demandantes han obtenido cantidades millonarias como compensación por el sufrimiento de la difamación.

En 2008, Ramiro Garza Cantú obtuvo 150 millones de dólares del empresario texano Billy R. Flanigan, por daño moral. El texano declaró ante un juez federal que el semanario Proceso, Pemex, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), y Ramiro Garza Cantú estuvieron involucrados en operaciones de lavado de dinero con el Cartel del Golfo. En las actuaciones judiciales aparece que Garza Cantú fue señalado por sobornar nada menos que al Presidente de México.

Se pensaría que me voy a referir a la intención anunciada de Emilio Lozoya de demandar a quienes han generado el nuevo escándalo nacional.

No es Lozoya, a pesar de la similitud. Se trata de Rafa Márquez, que dejará la defensa de la portería para emprender la defensa de su fama personal y la recuperación de dinero, supongo bien ganado con su talento deportivo. El golpe que la oficina del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) dio a Márquez es demoledor. No es poca cosa que para hacerlo se haya utilizado a la Embajada de Estados Unidos en México, la que muestra en su página oficial los pormenores de la determinación del gobierno estadounidense. Todo con la colaboración de la PGR, que ha mantenido un discreto papel.

Si Rafa Márquez logra retirar su nombre de la lista, se antojaría que el siguiente paso sería limpiar su nombre y obtener una indemnización que se supondría millonaria, si tomamos en cuenta el daño que le ha causado.

Algunos criterios para fijar compensaciones por daño moral pueden llegar hasta 15 veces el monto de las pérdidas pecuniarias, de manera que hablamos de millones de dólares en la modalidad de tres dígitos. Sería lo menos a lo que debería aspirar el Capitán de la selección después del golpe recibido.

Solamente que conforme lo ha publicado el profesor Aziz Huq, de la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, no existe en Estados Unidos ningún desagravio judicial por difamación o declaraciones falsas hechas por un funcionario federal en contra de la reputación de una persona. La preocupación del experto deriva del temor de que funcionarios federales, específicamente de la Casa Blanca, difamen a ciudadanos sin que éstos tengan defensa alguna (hay casos en proceso). Una persona que se vea afectada por un acto difamatorio —dice el experto— puede acudir a los medios y a la prensa si tiene una plataforma personal para hacerlo, pero no puede obtener de los tribunales resolución favorable para obtener una indemnización por el daño sufrido (lo que ahora se puede hacer en México).

Se pensaría que se trata de una laguna legal (loophole) y que por tanto podría modificarse tal disparate. ¿Cómo es posible que en el país en que el eje de la vida social y económica es el Estado de Derecho se pueda enderezar demandas, algunas millonarias, por difamación en contra de cualquier persona o empresa y no pueda hacerse nada en contra del gobierno federal? No existe ley que finque responsabilidad a funcionarios federales por estos motivos y la Suprema Corte de ese país ya resolvió que éstos tienen una coraza. Pueden, sin responsabilidad, cometer faltas o delitos respecto a la buena fama de las personas y podrían teóricamente declarar o publicar falsedades respecto al prestigio de las personas.

Malas noticias para Márquez, que como buen deportista debe pensar en la revancha del siguiente partido. Solamente que ahora tiene en contra al árbitro y a los abanderados, le quedan cada vez menos seguidores, porque así es el mundo de la fama.

Investigador nacional en el SNI
@DrMarioMelgarA