Aprecio a Emilio Álvarez Icaza. Por su decidida y limpia trayectoria en defensa de los derechos humanos, lamenté públicamente en noviembre de 2009 su derrota cuando buscó ser presidente de la CNDH. Me sumé a las voces que lo consideraban un hombre de una pieza que no se subordina, uno que  no llevaría a la CNDH al retroceso y oscurantismo.

Quiero pensar que siete años después Emilio no ha perdido la honestidad que en trabajos como el suyo, y como el del periodista, considero la más importante: la honestidad intelectual: llamar a las cosas por su nombre, buscar la verdad sin importar que los hechos vayan en contra de creencias propias, proyectos personales, amistades o la grada.

Pero me sorprendió leer ayer en La Jornada que Emilio insista que la PGR tiene una campaña de desprestigio en su contra, “señal muy clara del regreso al México autoritario”.

Argumenta que la PGR le dio entrada a una denuncia que presentó en marzo el activista José Antonio Ortega, quien lo acusó de defraudar a los contribuyentes mexicanos al hacer un mal manejo de los 2 millones de dólares que han recibido los expertos de la CIDH para investigar sobre los desaparecidos de Ayotzinapa. Y que la denuncia de Ortega Sánchez sería una acción oficial para desprestigiarlo en su carácter de secretario ejecutivo de la CIDH y promotor de los expertos. 

El problema es que desde el 4 de abril, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal por este presunto fraude. Es decir, en los hechos, no en los rollos, la PGR coincidió con Álvarez Icaza que se trataba de una denuncia “temeraria e infundada” y cerró el asunto. ¿En dónde queda la campaña para desacreditarlo, que por lo demás parece peccata minuta para inhibir a un Álvarez Icaza? 

“No hay campaña, ni oficial ni extraoficial”, escribió el sábado en Milenio Liébano Sáenz. “Lo que existe es una prensa crítica hacia todo y hacia todos, afortunadamente”. Coincido con Liébano, y agrego: una prensa y una sociedad. El problema es que al grupo de expertos, y parece que ahora a Emilio, no les gusta ser objetos de escrutinio, ni que un polémico activista quiera meterlos al pleito judicial.

Confío, sin embargo, que las palabras de Álvarez Icaza tengan que ver con la intemperie previa al informe final de los expertos de la CIDH, propicia para ciertos excesos discursivos, y no con su claudicación a la honestidad intelectual.

Confío en que Emilio continuará siendo ese personaje admirable y no haya sucumbido a la tentación de convertirse en un político que sólo esté confeccionando una narrativa en busca de la candidatura presidencial de 2018. Con un discurso de verdades, verdades a medias y mentiras, donde únicamente él es capaz de reparar la crisis de derechos humanos que, eso sí sin duda, padece México.

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