Si el gobierno de Javier Duarte en Veracruz cambió quimioterapias para niños por agua destilada, el de Rubén Moreira en Coahuila dejó sin ejercer millones de pesos –en el mejor de los casos subejercicio– que hubieran ayudado para que los laguneros dejaran de envenenarse por beber agua con arsénico.

¿Hay alguna diferencia entre uno y otro? En Veracruz encontraron, en bodegas, millones de pesos en medicamentos caducados que hubieran ayudado a un enfermo. En Coahuila no se ejercieron millones de pesos en plantas antiarsénico que hubieran ayudado a no enfermarse.

En el sexenio pasado, el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del programa PROAGUA, entregó más de 300 millones de pesos al Gobierno de Coahuila para la construcción de 29 plantas potabilizadoras para la remoción de arsénico. Entregó comida a un hambriento.

Además del recurso federal, el estado aportaría 19.7 millones de pesos, según la Conagua.

Los recursos federales –334 millones 136 mil 466 pesos– fueron entregados en su totalidad entre 2014 y 2017, a través de 38 transferencias (cuatro hechas a la cuenta de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, y el resto a la cuenta del Gobierno del Estado), según copia de las mismas obtenidas a través de una solicitud de información pública hecha a la Conagua.

En días pasados (14 de noviembre), VANGUARDIA publicó declaraciones del gerente de la Conagua, Óscar Gutiérrez Santana, sobre que en la pasada visita de la directora general, Blanca Jiménez, se “suscribió un compromiso de reintegro” de los recursos por parte del estado.

El gerente no dio cifras de a cuánto ascendía ese monto, pero esta columna recibió información directa de la Conagua después de solicitar información a la institución: “Los recursos federales fueron aportados en su totalidad a través de la Conagua a la Secretaría de Finanzas del Estado y hasta el momento, de la inversión conjunta total, se estima que han sido ejercidos del orden de los $220.4 millones quedando un remanente de aproximadamente $60.6 millones”, fue la respuesta.

En la misma información entregada, al cuestionar si había algún señalamiento por parte de la Auditoría Federal, la Conagua refirió: “El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua realizó una auditoría a los recursos del PROAGUA 2017, señalando observaciones respecto de la falta de reintegro de los recursos no ejercidos”.

Antes de las declaraciones del gerente de Conagua, el gobierno de Coahuila había negado tener adeudos o haber tenido un subejercicio por esos recursos. Según respuestas a las solicitudes de información 01094719 y 01046719 hechas a la Secretaría de Finanzas y la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, respectivamente, ambas dependencias negaron tener remanentes de recursos, ni subejercicio, ni adeudos, ni nada que se le pareciera.

Las preguntas son: ¿por qué no se ejercieron esos recursos?, ¿por qué suscribir un compromiso de reintegro y no simplemente devolver el recurso?, ¿si el Gobierno de Coahuila no reconoce subejercicios ni adeudos, de dónde va a sacar para pagarle a la Federación?, ¿a qué partida impactará? Y más importante, si se entregó ese dinero y no se regresó en su momento, ¿dónde quedó la lana, quién se la robó? ¿El gobierno de Coahuila lleva algún procedimiento legal de sanción, alguna denuncia, algún señalamiento, algo, contra quienes no usaron ese dinero? Vaya, ¿qué demonios le hicieron a esos 60.6 millones de pesos?

AL TIRO

Los niveles de arsénico en la comarca lagunera son de espanto. En Torreón, el único organismo operador de agua que lleva registros de mediciones de arsénicos en sus pozos, publicó en julio sus últimos datos: 4 de cada 10 pozos sobrepasan la norma nacional de arsénico permitido. Si atendiéramos la norma internacional, únicamente nueve pozos estarían en regla. Un desastre ambiental. Un desastre de salud pública. Un desastre de políticas pública.

Y si en Torreón está así, en Madero, San Pedro y Matamoros la cosa está para llorar. Vivimos con arsénico en el agua y el Gobierno del Estado decidió no utilizar 60.6 millones de pesos en plantas con filtros a pie de pozo. Eso se llama crimen, como los medicamentos escondidos que se echaron a perder en Veracruz.

Según la relación de la Conagua, facilitadas a quien esto escribe, de las 29 plantas entregadas a los operadores de agua (10 plantas al Simas Torreón, cinco a Francisco I. Madero, cinco a Matamoros, cinco a San Pedro y cuatro al Simas Torreón-Matamoros), únicamente 18 fueron terminadas, el resto, 11, no. Pero no es todo, de las 18 plantas concluidas, sólo seis están en operación. ¡Eso se llama fraude!

Por si fuera poco, cuando se solicitó vía transparencia (folio 01094619) a la Secretaría de Finanzas, copia de las facturas por los trabajos realizados por las plantas potabilizadoras, contestó que no existía documentación sobre el tema.

¿Dónde están los 60.6 millones de pesos? Mientras respondemos e indagamos esa pregunta, que los laguneros nos sigamos envenenando de arsénico.