Ciudad de México.- Como un “crimen espantoso” calificó el semanario The Economist el caso Ayotzinapa, cuyo posible encubrimiento “recuerda a los mexicanos lo que más les disgusta de su gobierno”.

A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entregó su informe sobre el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el que critica al gobierno por obstaculizar su trabajo, el semanario británico publicó un artículo en el que describe así el ánimo entre los mexicanos:

“Nadie sabe lo que realmente sucedió (la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala), pero todo el país está especulando.

“¿A quién, se preguntan los mexicanos, está protegiendo el gobierno? Al Ejército y a la Policía Federal, sospechan muchos. Los mexicanos están aún más horrorizados por el comportamiento de los policías locales.

“La historia les recuerda que en algunas partes de su país el crimen organizado se ha infiltrado en la política local tan a fondo que los dos bandos son difíciles de diferenciar. También les recuerda que los crímenes en México rara vez son castigados: sólo uno de cada 100 llega a una condena”.

En su reciente edición el semanario británico reseña cómo el GIEI se ha quejado de que el gobierno mexicano obstruyó su investigación al no permitirle entrevistar a los soldados del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala.

Refiere también que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que, de acuerdo con un testigo, oficiales de la Policía Federal (PF) estaban presentes cuando los estudiantes fueron sacados de un autobús y agrupados en patrullas municipales sin haber interferido.

El GIEI, subraya The Economist, “cuestiona también si el Ejército no actuó cuando pudo hacerlo”.

Y se refiere a la “verdad histórica” del gobierno como “impactante”. Reseña The Economist:

“En septiembre de 2014 un grupo de normalistas de Ayotzinapa, en el suroeste del estado de Guerrero, decidió comandar algunos autobuses en la cercana ciudad de Iguala.

“Ellos querían ir a una reunión en la Ciudad de México, es común para los estudiantes en esa parte de México tomar autobuses para tales cosas. Por lo general, los devuelven. Cuarenta y tres de esos estudiantes desaparecieron y se presume que están muertos.

“El alcalde de Iguala y su esposa estaban enojados con ellos por haber interrumpido un evento político, dice el gobierno federal, y ordenaron a la policía local entregarlos a un grupo de narcotraficantes, los Guerrero Unidos. Los gánsteres confundieron a los estudiantes con los miembros de una banda rival. Los mataron, quemaron sus cuerpos en un vertedero de basura y arrojaron los restos en un río.

“O eso es en lo que el gobierno insiste. La verdad puede ser peor”, advierte el semanario.

Destaca además que fue debido a la presión de las familias de los estudiantes desaparecidos que el gobierno invitó a expertos extranjeros convocados CIDH, para investigar. Añade que el grupo no encontró evidencia alguna de que los estudiantes hubieran sido quemados en basurero de Cocula y que ha sugerido que uno de los autobuses quizá estaba siendo utilizado para transportar heroína de Guerrero a Chicago.

“Los estudiantes podrían haber sido asesinados porque sin darse cuenta se hicieron de millones de dólares en drogas”, arguye la revista.

Luego refiere que incluso los detalles en la que ambas partes están de acuerdo, son confusos:

“El 26 de septiembre, alrededor de las 21:30, cerca de 100 estudiantes dejaron Iguala en cinco autobuses. Tres de los autobuses fueron atacados por la policía local. Los estudiantes de uno de los autobuses fueron llevados por la policía y no han sido vistos desde entonces. Los otros dos autobuses, que tomaron una ruta diferente, también fueron detenidos.

“Una vez más, fueron sacados los estudiantes y no se han visto desde entonces. Los otros, que habían sido alertados de lo que estaba ocurriendo, se escaparon en la oscuridad. Posteriormente se encontraron los cuerpos de tres transeúntes y tres estudiantes. A uno de los estudiantes le habían arrancado los ojos y la piel de su cara”, relata The Economist.

Después de los hechos, sigue la revista, el alcalde de Iguala José Luis Abarca y su esposa están en custodia, al igual que 73 policías municipales y 50 miembros de los Guerreros Unidos. Destaca que la versión del gobierno se basa en gran parte en las confesiones de los criminales, y refiere que el GIEI ha alegado que 17 de los miembros de la banda criminal fueron torturados.

El grupo de expertos, subraya el medio, “ha citado fotografías que demuestran cómo, mientras los interrogatorios progresaban, los implicados lucían cada vez más maltratados”.

Un desastre de relaciones públicas

The Economist afirma que para el presidente Enrique Peña Nieto el caso ha sido “un desastre de relaciones públicas” pues le tomó un mes reunirse con las familias de las víctimas y 17 meses visitar Iguala.

“Ahora muchos mexicanos cuestionan su buena voluntad para confrontar la cultura de la corrupción que permite a la violencia prosperar”, sostiene el semanario y destaca que “el índice de aprobación del señor Peña es de un lamentable 30%, en parte debido a las acusaciones por corrupción”.

Pone como ejemplo que el empresario Juan Armando Hinojosa, el contratista favorito del gobierno que construyó la casa de su esposa, fue señalado en los documentos del #PanamaPapers por haber movido 100 millones de dólares a través de una empresa offshore.

Consultada por el semanario, Viridiana Ríos, del Centro Wilson, un centro de estudios en Washington opinó que “México está despertando”, y que una grande y más asertiva clase media “ya no está dispuesta a soportar la corrupción y la impunidad”.

Al respecto, The Economist destaca que el Congreso mexicano está pronto a considerar un paquete de leyes contra la corrupción y que en fechas recientes ha hecho esfuerzos por frenar su caída.

“El señor Peña, que ha impulsado las reformas de Energía y Telecomunicaciones, todavía tiene la capacidad de sorprender. La semana pasada, admitió que la guerra contra las drogas no iba bien. Propuso la legalización de la mariguana medicinal y la despenalización de la posesión de 28 gramos o menos de mariguana recreativa.

“Esto podría comenzar a desacelerar la guerra contra las drogas, sacar a los delincuentes inofensivos de las cárceles repletas de México y centrará las fuerzas de seguridad en los delitos que aterrorizan a los ciudadanos comunes, como la matanza de los futuros profesores de Ayotzinapa”, considera el medio pero advierte:

“El establecimiento del Estado de Derecho en México tomará años”.