El columnista Raymundo Riva Palacio, alertó que la filtración del audio del director de Comunicación Social, Omar Cervantes Rodríguez, está generado alarma dentro del gobierno y una investigación para determinar quién está actuando de manera ilegal con fines políticos.

Omar Cervantes Rodríguez, le pide a su interlocutor -aún no identificado- denunciar 'a los Scherer'  por apoyar al candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza, hecho que destapó una cloaca en el que quedó en evidencia la existencia de una red de espionaje en Gobernación.

Para Riva Palacio,  las luchas de poder entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se remontan a la época de la transición, antes de que comenzara el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, debido a que el entonces presidente electo, aún no definía con claridad quién llevaría las riendas de la política interna del país.

El columnista resaltó que Sánchez Cordero tiene un rol limitado en cuanto a la asesoría política a López Obrador, que se apoya principalmente en Scherer, en su vocero Jesús Ramírez Cuevas, y escucha, y a veces atiende, a Lázaro Cárdenas, su coordinador de asesores.

"Sánchez Cordero tiene un rol limitado en cuanto a la asesoría política a López Obrador, que se apoya principalmente en Scherer, en su vocero Jesús Ramírez Cuevas, y escucha y a veces atiende a Lázaro Cárdenas, su coordinador de asesores. En las últimas semanas Sánchez Cordero sostuvo un pleito soterrado en el marco de la reforma al Poder Judicial, que Scherer trabajó con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al tiempo de sumar a su trinchera a Carlos Alpízar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que era el principal alfil de la secretaria en ese poder".

El periodista señaló que la conversación de Cervantes Rodríguez era privada, pero el fin de semana se desató un escándalo porque 15 segundos de su conversación comenzaron a circular en las redes sociales.

"La conversación de Cervantes Rodríguez era privada, pero el fin de semana se desató un escándalo porque 15 segundos de su conversación comenzaron a circular en las redes sociales y fue retomada por varios columnistas, que la enmarcaron en el viejo enfrentamiento entre Sánchez Cordero y Scherer. El vocero renunció este martes a su trabajo a fin de poder dedicar el tiempo al seguimiento legal de lo más importante del caso: la vulneración de sus comunicaciones. Tiene toda la razón; ese es el problema de fondo".

No se sabe si la grabación fue hecha por los órganos de seguridad del Estado o no. La divulgación, sin embargo, es un delito. Pero el gobierno no investigará hasta llegar a la fuente de quién grabó y quién publicó. El espionaje al que fue sometido Cervantes Rodríguez pasará sin castigo, como ha sucedido con prácticamente todos los casos similares desde los 90’s. El incendio político dentro de Palacio Nacional aparentemente se apagará y podría hasta costarle el cargo de Sánchez Cordero, pero todo será cosmético. 

La investigación que debería proceder de inmediato es sobre el espionaje que se está haciendo a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación. 

La divulgación de la grabación del ex vocero se puede entender por razones coyunturales inherentes a las elecciones del próximo domingo, que afectan a la secretaria pero también dejan mal parado al consejero jurídico y a su primo, que trabajan con Morena y Sheinbaum desde hace años. Sin embargo, no es el único colaborador de Sánchez Cordero cuyas comunicaciones hayan sido interceptadas. Esta columna conoce de otra intercepción telefónica sin orden judicial en donde Alpízar habla con un comunicador sobre la estrategia para liberar a Israel Vallarta, el jefe de la banda de secuestradores a la que pertenecía la francesa Florence Cassez, que Sánchez Cordero quiere que liberen.

Esa grabación no se hizo pública, posiblemente porque no genera rédito político. Pero la grabación de Cervantes Rodríguez, que golpeó a los brazos políticos de López Obrador y debilita a los tres, debería haber generado alarma dentro del gobierno y una investigación para determinar quién está actuando de manera ilegal con finalidad política. Este tipo de espionaje sobre Gobernación es un ataque al Estado Mexicano, cualesquiera que sea el origen, y no puede verse con la frivolidad del pasado donde todo se quedaba en la politiquería, sin ver la vulneración de la seguridad y lo frágil que es, de planteárselo alguien, desestabilizar al gobierno y a la nación.