El tema se ha venido discutiendo desde 1997, cuando por primera ocasión el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados.

En un principio fue una discusión que no despertaba interés alguno, porque no era una figura necesaria en nuestro sistema electoral, dado que no teníamos un sistema político tan fragmentado como lo tenemos al día de hoy y, en consecuencia, no existían los problemas que habrán de enfrentar los nuevos gobernadores, como lo es la falta de legitimidad, representatividad, credibilidad, funcionalidad y, eventualmente, de gobernabilidad.

Cuando el sistema electoral se hizo más autónomo, competitivo y confiable, había tres partidos en el espectro político nacional. Al PRD se le asociaba con la izquierda, al PRI con el centro, aunque ideológica e históricamente estaba más en la izquierda moderada, pero en los hechos también tuvo posiciones cercanas al PAN, que tradicionalmente se le ha ubicado como un partido de derecha. En los tres casos son partidos pragmáticos y no de polos extremos, lo cual posibilitó que en las primeras alternancias no hubieran problemas de legitimidad, representatividad y gobernabilidad.

En la actualidad tenemos cerca de diez partidos a nivel federal. En efecto, parece muy plural el espectro, pero creó un sistema de representación muy fragmentado, en donde el partido que gane tiende a tener un apoyo marginal de la base electoral total y, peor aún, un Congreso adverso y dividido, con el que no puede muchas veces establecer acuerdos. En un sistema presidencial como el nuestro, un gobierno dividido es sinónimo de inoperancia institucional. De parálisis.

Ante este complejo problema, se ha vuelto a discutir la necesaria posibilidad de introducir la segunda vuelta electoral. Al respecto veo dos temas imprescindibles.

En primer lugar, identificar qué tipo de segunda vuelta necesitamos. La mayoría de las propuestas la han sugerido para la elección del Presidente; en otras varía el umbral requerido para determinar a un ganador; y recientemente se ha sugerido adoptarla acompañada del voto obligatorio.

En lo personal, creo que la segunda vuelta con el voto obligatorio, es una buena sugerencia, pero limitada y eventualmente contraproducente si no se incluye la segunda vuelta también para los integrantes uninominales del Congreso. ¿De qué sirve un presidente con mucha legitimidad y una buena base de apoyo electoral, si no tiene el apoyo del Congreso? Su gran legitimidad sería aplastada por un bloque opositor del Parlamento, a menos que acepte buena parte de sus exigencias. Hay dos ejemplos que ilustran bien este posible escenario. Fujimori, quien ganó en la segunda vuelta con amplio margen, a la hora de gobernar tuvo que recurrir a prácticas no democráticas para lograr impulsar sus planes de gobierno ante el Congreso, que es elegido en una vuelta. Al crearse una relación turbia entre ambos poderes, los resultados son ahora por todos conocidos.

En cambio, en Francia, el nuevo presidente, Macron, y su partido En Marcha, muy probablemente habrán de ganar la mayoría de curules en la Asamblea Nacional, creando la mayoría que necesita para impulsar su agenda de gobierno.

Como se observa, la instauración de la segunda vuelta requiere de análisis serio y riguroso. Por ello, creo que no es muy recomendable impulsar legislación tan delicada para el futuro de nuestra democracia tan a las prisas, independientemente de lo que la Constitución establece formalmente para que 90 días antes de que inicie el proceso electoral no haya cambio alguno a las reglas ya pactadas.

Estoy convencido de que la segunda vuelta habrá de resolver muchos de nuestros complejos problemas de legitimidad y gobernabilidad, pero también creo que las decisiones políticas fundamentales del Estado deben aprobarse con el mayor consenso posible. El 2021 no está muy lejos.