A finales de marzo, el gobierno de Alemania consideró la idea de crear pasaportes de inmunidad, los cuales comprobarían que una persona ya se infectó de COVID-19 y desarrolló anticuerpos contra la enfermedad. Por lo tanto, podría volver a sus actividades cotidianas, incluyendo ir a la escuela o al trabajo. 

La propuesta surgió a partir de los test de anticuerpos. Estos revisan la presencia de agentes capaces de combatir el coronavirus. Sin embargo, los científicos aún no han podido determinar si esto indica inmunidad, cuánto duraría, o si la reacción del cuerpo se disparó efectivamente por SARS-CoV-2 y no por algún otro de los seis tipos de virus capaces de afectar al hombre.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que para el desarrollo de inmunidad la persona necesita crear una alta cantidad de proteínas llamadas inmunoglobulinas y células T, las cuales se encargan de atacar al virus y de eliminar las células infectadas. Sin embargo, ciertos pacientes presentan niveles muy bajos en su sangre después de recuperarse.

Además, señala que las pruebas “que detectan anticuerpos contra SARS-CoV-2 en personas, incluyendo los test rápidos de inmunodiagnóstico, necesitan más validación para determinar su precisión y confiabilidad”. Un estudio podría clasificar a quienes no se infectaron como positivos o al revés, quienes se enfermaron saldrían negativos, lo cual afectaría los esfuerzos de control.

“En este punto de la pandemia, no hay suficiente evidencia sobre la efectividad de la inmunidad mediada por anticuerpos para garantizar la precisión de un pasaporte de inmunidad o certificado de no riesgos”.

Este documento también tendría problemas científicos, prácticos, equitativos y legales de implementación. Como menciona el profesor Henry Greely, director del Centro de Derecho y Biociencias de la Universidad de Stanford, “establece un incentivo perverso. Soy lo suficientemente mayor como para recordar cuando los padres llevaba a sus hijos a fiestas de varicela o sarampión”, donde forzarían el contagio.

Los certificados, más que ayudar a recobrar el ritmo económico y la normalidad, pondrían en riesgo a la población y aumentarían las probabilidades de reinfección, según advirtió la OMS.

Alexandra Phelan, miembro del Centro de Ciencias de la Salud Global y Seguridad del Centro Médico de la Universidad de Georgetown, publicó el artículo “Pasaportes de inmunidad COVID-19 y certificados de vacunación: desafíos científicos, equitativos y legales” en la revista médica The Lancet.

En él, explica que no deberían implementarse de la misma manera que los comprobantes de vacunación, pues estos “incentivan a los individuos a recibir vacunación contra el virus, lo que es un bien social. En contraste, los pasaportes de inmunidad incentivarían la infección”.

Phelan también advierte que la expedición de estos documentos estaría expuesta tanto a corrupción como a sesgo y discriminación. Además, las desigualdades socioeconómicas, raciales y étnicas podrían ser una barrera para recibirlos.

“Las posibles consecuencias discriminatorias podrían no ser abordadas expresamente por los regímenes legales existentes, pues la inmunidad contra la enfermedad (o la falta de ella) como estado de salud es un concepto novedoso para las protecciones legales”, añadió Phelan.