Una cuartilla es un espacio muy breve para resumir todos los cuestionamientos que hemos presentado en varias ocasiones sobre la gestión de Aguas de Saltillo (Agsal). Me limitaré, por lo tanto, a tres puntos relevantes: a) una breve historia del proceso de privatización del sistema de agua de Saltillo; b) las violaciones al derecho humano al agua que comete Agsal todos los días al cortar el agua a los usuarios domésticos que dejan de pagar su recibo de agua por más de dos meses, y c) la deuda que tiene el Ayuntamiento de Saltillo con el socio privado de la empresa.

El día 15 de agosto de 2001 se firmó un contrato de Asociación entre Simas-Saltillo e InterAgbar de México, 2 organismos ya desaparecidos: 1) Simas-Saltillo, cuya liquidación se aprobó en diciembre de 2002, pero que aparentemente no se ha realizado todavía, ya que sigue presentando cuentas públicas; y b) InterAgbar de México (IAM), ahora “Suez Concesiones México”.

De acuerdo con lo establecido en dicho contrato, el sistema de aguas de nuestra ciudad sería operado durante 25 años —a partir del 1º de octubre de 2001— por la Empresa de Participación Público-Privada Aguas de Saltillo, en la que Simas-Saltillo tenía inicialmente 51 por ciento de sus acciones y el socio privado el restante 49%, que adquirió mediante la aportación de $81.9 millones. Aunque el Contrato de Asociación establece que Simas Saltillo puede adquirir las acciones en poder de IAM en parcialidades (9.8% cada 5 años a partir del año 5), hasta la fecha —casi 18 años después— solo ha adquirido 4%.

Agsal viola el derecho humano al agua, reconocido en la Constitución Mexicana desde el 8 de febrero de 2012, al realizar cortes de agua a los usuarios morosos (más de 100 mil cortes al año desde 2015) y tener completamente suspendido el servicio de agua a más de 15 mil familias que acumularon deudas que no pudieron pagar.

El Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento, Léo Heller, en su Declaración de Fin de Misión a México en 20171, señaló:

“…fui informado de que se permite que los servicios sean cortados en caso de que no se pague el servicio, y de que no hay ninguna salvaguarda legal que impida la desconexión por la falta de capacidad económica para afrontar el costo de los servicios. Es importante recordar al Gobierno mexicano que la desconexión de servicios basada en este criterio es considerada una violación de derechos humanos bajo el derecho internacional de los derechos humanos”.

Cabe recordar que aunque el Municipio no opere el sistema de agua, es su responsabilidad hacer respetar y garantizar el derecho humano al vital líquido.

Un tema que no se menciona en el Ayuntamiento es la deuda que tiene con el socio privado de Agsal, que el año pasado ascendía a cerca de $250 millones (es decir, prácticamente se triplicó el valor de la inversión inicial), y que seguirá aumentando año con año. Si el Ayuntamiento invirtiera los dividendos anuales que recibirá de Aguas de Saltillo en el periodo 2019-2026, podría recuperar la totalidad de las acciones y haber pagado por completo este pasivo cuando termine el Contrato de Asociación en 2026. En cambio, si no se recompran acciones, la deuda seguirá creciendo año con año, y eventualmente el

Ayuntamiento tendrá que pagarla. El Contrato de Asociación de Aguas de Saltillo debería terminar en octubre de 2026, pero ante la falta de recompra las acciones en poder de la empresa extranjera, parece que hay intenciones de extenderlo por otros 25 años.

Los ciudadanos de Saltillo que durante años hemos estado dando seguimiento a la gestión de AGSAL, demandamos a nuestras autoridades municipales:

Que exija a Aguas de Saltillo cumplir con todas las regulaciones legales que les aplican, en especial las relacionadas con el derecho humano al agua; y que las mismas autoridades municipales hagan respetar y garanticen este derecho, el cual incluye, entre otros puntos, la transparencia y la participación ciudadana efectiva.

Que dedique los dividendos que recibe —año con año— de Agsal en la recompra de acciones del sistema de agua, para ir reduciendo la deuda que tiene el Municipio con el socio privado.

Ya lo hemos señalado repetidas veces: “El agua es un bien común y en Saltillo se ha estado manejando en las últimas dos décadas como una mercancía.” Los ciudadanos reclamamos nuestro derecho a opinar y a ser escuchados en un asunto de tanta trascendencia para nosotros y las generaciones futuras.