¿Qué hay detrás de la nata gris que cubre la Ciudad de Monterrey?
En 2006 un nuevo desarrollo residencial y comercial, considerado como único en su tipo, llegó a Nuevo León. Céntrika, como lo nombraron, fue considerado uno de los proyectos más importantes de regeneración urbana en la historia de Monterrey.
Cientos de familias adquirieron casas cimentadas sobre los desechos enterrados de la entonces minera American Smelting Company (Asarco). Lo que no previeron fue que sus principales vecinos serían empresas como Magotteaux –fundidora de acero -, Vitro –fabricantes de vidrio– y Cemex –cementera – entre otras. Industrias que contribuyen todos los días con sus emisiones a la nata de contaminación que cubre a la zona metropolitana del estado.
Con más de dos millones de autos en su parque vehicular, una gran actividad industrial, falta de inspectores del gobierno federal para revisar a las empresas y normas laxas, Nuevo León es considerado como uno de los estados más contaminados.
Especialistas aseguran que el gobierno difícilmente vigilará más al sector empresarial, pues eso afectaría la actividad económica del estado. “Los de la Cámara de la Industria de Transformación en Nuevo León, las empresas de alto riesgo, los secretarios de Desarrollo Urbano de los municipios… ellos son los dueños de la pelota de lo que se autoriza y lo que no en Nuevo León en materia de normas ambientales”, asegura Guillermo Martínez Berlanga, especialista ambiental.
Y mientras las autoridades federales, estatales y municipales deciden quién será el encargado de prestar mayor vigilancia a las más de cinco mil industrias que existen en el estado, para los habitantes de Céntrika vivir ahí es todo un reto. Diario los autos amanecen con una cubierta de polvo que se convierte en algo similar al cemento cuando lo intentan limpiar con agua. Esta capa es una mezcla de bióxido de carbono, benceno, mercurio, arsénico, cadmio y plomo, entre otros metales. Todos generados por la industria que se encuentra junto a ellos y cuyas emisiones no solo ensucian los coches, sino que también llegan hasta sus pulmones.
Salvador Guillén llegó a este desarrollo residencial en 2015 y tan solo un año después su salud tuvo una ligera caída. “Las alergias se me dispararon, tomaba antihistamínicos todo el tiempo […] seis meses después perdí completamente el olfato y ahorita tengo tres meses que me operé de pólipos nasales”, cuenta este habitante de Céntrika.
La suma de diversos factores le jugó en contra a Salvador. Los médicos le aseguraron que una de las causas de estos malestares era la mala calidad del aire que respiraba todos los días. Y es que de acuerdo con los últimos datos del Inventario Nacional de Emisiones de México, el 63% de las partículas PM 2.5 son generadas por fuentes fijas del estado como lo es la industria. Justo como las grandes empresas que topan con la barda del jardín de atrás de su actual casa.
El peligro de este tipo de partículas es que su tamaño es tan reducido que llegan a las áreas más pequeñas de los pulmones y hasta la sangre, provocando incluso problemas cardiovasculares, explica Rodolfo Posadas Valay, médico neumólogo intensivista.
Sin la lupa de los inspectores
En Nuevo León hay 5 mil 472 empresas que, por su actividad, realizan emisiones que podrían afectar la salud de los regiomontanos. Tan solo siete de cada diez, es decir 3 mil 739, se dedican a la fabricación de productos metálicos, de acuerdo con el último censo económico de Inegi. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), organismo encargado de vigilar que la industria cumpla con las normas ambientales, únicamente tiene cinco inspectores para vigilarlas a todas, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.
Esto quiere decir que el Gobierno Federal cuenta con un inspector para cada mil empresas de todas las que tiene que revisar. En la parte estatal la limitación de inspectores también es uno de los principales frenos. En total tienen a 14 trabajadores dedicados a esta tarea. Esta falta de vigilantes ha creado una sobredemanda en todos los niveles.
“En una inspección se te va al menos media mañana, como mucho se pueden hacer dos revisiones completas al día, y esto es en el caso federal”, asegura Brenda Sánchez, ex funcionaria ambiental a nivel federal.
Los datos muestran que el gobierno está sobrepasado para lograr una real revisión de estas empresas. “Nosotros éramos 12 inspectores para todo el estado, pero teníamos que manejar toda la materia ambiental, lo forestal, la vida silvestres, hasta la parte gris, que viene siendo la industria”, cuenta Jeremy Zaraj Morales, ex coordinador de inspectores en la delegación de Semarnat en Nuevo León entre el 2006 y 2012.
Pero esta problemática no se reduce a la falta de inspectores, pues la corrupción en el estado ha frenado cualquier política que intente revertir el problema. Existan inspectores o no, no hay formas de determinar si las verificaciones se hicieron de manera adecuada, asegura Berlanga. “Puedes poner 100 inspectores, pero mientras no sepan qué hacer y les digan a quién sí y a quién no, ¿para qué los queremos? Va a haber más corrupción de la que hay”, asegura.
El especialista en medio ambiente es drástico en este sentido. “Los gobernadores han sido títeres de la industria privada […] ninguno va a querer enfrentar el problema porque se echaría encima a los poderosos”.
Pese al evidente problema de contaminación en el área metropolitana de Monterrey, la Profepa redujo en los últimos años el número de inspectores para el área industrial. Con base en datos obtenidos vía transparencia, se pudo constatar que en 2012 tenía ocho empleados de inspección industrial y actualmente solo tiene cinco: dos químicos farmacéuticos biólogos, dos ingenieros industriales y un licenciado en derecho.
Además de que el promedio de inspecciones que realizó la Profepa en los últimos dos sexenios ronda apenas entre las 200 y 400 visitas anuales.
Vivir entre contaminantes
Los habitantes de Céntrika diariamente respiran un aire que combina las emisiones que desechan Cemex, Magotteaux,, Vitro, Crisa Libbey y Owens Illinois.
Tan solo en 2017, Magotteaux emitió más de 3 mil 373 toneladas de bióxido de carbono al aire y Cemex reportó la emisión de 51 kilos de plomo, de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) de la Semarnat.
Todos estos contaminantes pueden generar problemas en la salud de los habitantesque los respiran diariamente. “En el corto plazo pueden desarrollar asma y no poder respirar. Pero con el tiempo se generan crisis periódicas sin permitir el alivio completo”, explica Rodolfo Posadas.
Al igual que sus vecinos, Homar Garrido, de 56, también padece por las emisiones que realizan estas grandes empresas.
“Salimos a la calle y el olor es muy fuerte. Te irrita los ojos y la garganta”, señala el también representante vecinal. Y es que asegura que desde que llegaron a la zona se percataron del alto índice de contaminación, pero fue hasta el 2010 cuando empezaron a pedir soluciones por parte de la industria.
“Lo primero que hicimos fue abrir un diálogo con estas empresas, principalmente con Cemex y con Magotteaux, pero no hemos visto la disminución en su emisión de contaminantes”, cuenta Garrido.
Esta problemática se denunció ante la Semarnat y la Profepa, pero la única respuesta que obtuvieron de las empresas fue la plantación de árboles y en algunos casos, como Cemex, pusieron barredoras mecánicas para remover el polvo que queda en la calle como consecuencia de sus actividades.
Para este reportaje se intentó obtener una respuesta por parte de Cemex y Magotteaux, pero ninguna empresa respondió.
Aunque los especialistas concuerdan en que incrementar el número de inspectores no soluciona todo el tema de los contaminantes industriales, también coinciden en que es un primer paso hacia la disminución de la problemática.
“El ideal es que si el gobierno genera autorizaciones, estas se tienen que cumplir. Por ejemplo, las pedreras dicen ´no tenemos recursos para movernos´, ¿a poco no pueden generar menos polvo? No habría necesidad de inspeccionarlos y de revisarlos si ellos se sujetaran a las condicionantes de las autorizaciones”, asegura Brenda Sánchez.
Este reportaje de Redes Quinto Poder es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalist and Bloggers